Exclusivo: la acordada que pide Macri para frenar la guerra con Lorenzetti
Mauricio Macri libra una dura disputa con Ricardo Lorenzetti tras el fallo que disolvió el Tribunal Oral Federal 9, conformado para juzgar a Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA, pero que tuvo un efecto mucho más profundo: fragilizó la posición de camaristas designados en lugares claves del fuero federal, durante su Gobierno.
Por eso, aquella acordada no sólo descolocó al Gobierno sino que fue leída como un ataque directo, que tuvo su respuesta: en la sesión del miércoles, los diputados de Cambiemos firmaron con la oposición un pedido de informes a la Corte por la filtración de escuchas judiciales de la ex presidenta. Las escuchas dependen del máximo tribunal.
La secuencia fue más que sugestiva: En la madrugada del jueves el kirchnerista Agustín Rossi avisó que iba a plantear un pedido de informes que apuntaría a la Corte y el jefe de bloque de Cambiemos, Mario Negri, le dijo sin inmutarse que su bancada no veía mayores inconvenientes en dejarlo correr.
Otra embestida oficial -que se habla por estas horas- sería reactivar el proyecto de ley para licuar los Tribunales de Comodoro Py -poderosos por absorber las causas por corrupción- mediante un ampliación masiva del fuero, apelando a un proyecto presentando en Diputados en 2016.
Esta situación se articula con el pedido de juicio político impulsado por Lilita Carrió todos los años, que preocupa a Lorenzetti porque es el único miembro de la Corte que enfrenta esa amenaza.
La novedad es que esta vez los diputados del PRO no han recibido una instrucción directa de ignorarlo.
Pero antes que la sangre llegue al río, Macri está dispuesto a hacer una tregua si el santafesino y sus pares emites una acordada aclaratoria, que garantice la continuidad -al menos- de tres magistrados claves para la Rosada.
Buscan garantizar la continuidad de los camaristas federales Leopoldo Brugia (el único que votó en contra de la liberación de Cristóbal López), Guillermo Jorge Yacobucci -integrante del Tribunal Oral Federal 7- y Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación Penal, última instancia de revisión de los fallos antes que la Corte.
Los tres asumieron como jueces federales sin acuerdo del Senado, que fue el argumento de la Corte para desplazar a los magistrados que habían sido designados en el Tribunal Oral Federal 9 para juzgar a Cristina. Se trata Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, todos provenientes de la justicia ordinaria y federalizados por el Gobierno en 2016.
El gobierno pretende ahora que la Corte saque una "aclaratoria" de aquella acordada que deje a salvo la posición de los camaristas Mahiques, Brugia y Yacobucci de la decisión que derribó al trío del TOF 9. La posibilidad de una negociación podría pasar por ese nudo. De hecho, en el máximo tribunal no descartan que sea posible hacer una diferencia entre los jueces del TOF 9 y los tres camaristas mencionados, confirmaron a LPO fuentes al tanto de la situación.
Sería lo más lógico: tras la nueva acordada empezaron a llover planteos para removerlos en muchas de las causas de corrupción que tramitan, un riesgo que si se concreta podría agigantar la imagen de impunidad que golpea a la Justicia.
El integrante de la Cámra de Casación, Carlos Mahiques.
En esta negociación los tres jueces del fallido TOF 9 podrían ser la prenda de cambio, para no obligar a la Corte a la humillación de revisar una acordada que fundamentaron con ahínco. Con un agregado: Las dos causas contra Cristina que el gobierno pretendía que juzgada ese tribunal ya han sido sorteadas y están en manos de otros jueces.
Sin embargo, para Macri no será tan sencillo conseguir una acordada a su medida, porque el resto de la Corte no se siente tan presionada y Lorenzetti dista mucho de ser aquel a quien el resto de sus pares seguían casi sin preguntar. "En la nueva Corte los votos hay que conversarlos vocalía por vocalía", explicó a LPO un conocedor del máximo tribunal.
El presidente de la Corte tiene motivos para estar intranquilo. Este jueves se constituyó la Comisión de Juicio Político en Diputados, donde descansan los pedidos presentados por Carrió para llevarlo al banquillo de los acusados.
En el pasado, nunca se trataron porque el diputado macrista Álvaro González jamás convocó a la comisión, siguiendo órdenes de la Casa Rosada.
Pero desde este jesde el jueves, González le cedió su lugar a Javier Pretto, histórico jefe del PRO en Córdoba con línea directa con Macri. "Hay que ver como se porta en los próximos días, el juicio político puede correr", reconocieron a LPO fuentes del Gobierno.
Alcanza con que el oficialismo y oposición vuelvan a unirse para exigirle a Lorenzetti algo más que explicar por qué se filtran las escuchas de Cristina y Oscar Parrilli. Ninguna fuerza política parece demasiado interesada en protegerlo.