Modernización

Ibarra defendió la contratación de Elizalde y Peredo y cuestionó a Stolbizer: "La denuncia es un disparate"

Explicó que los directores de Labcom no tenían incompatibilidades para ser contratistas de Modernización.

"La denuncia es un disparate", afirmó tajante el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, sobre la presentación de la ex diputada Margarita Stolbizer contra la consultora Labcom, que integran Juan Pablo Peredo, ex director de Nación Fideicomisos; Alejandro Alonso, funcionario del Ministerio de Justicia y Luciano Elizalde, decano de la facultad de Comunicación Estratégica de la Universidad Austral.

La diputada pidió que se investigue si hubo conflicto de interés e n la contratación de Labcom por parte de Modernización, porque la firma está integrada por un actual funcionario del Gobierno, un ex funcionario -Peredo renunció a mediados del año pasado, cuando Melconian dejó el Nación- y un académico, a quien cuestionó por ser al mismo tiempo que consultor, becario del Conicet.

El ministro explicó que el contrato de consultoría que se denunció fue de unos 70 mil pesos por mes, que en el giro habitual del gobierno nacional se considera un monto menor. Y destacó que al poco tiempo de asumir Peredo consultó a la Oficina Anticorrupción si era compatible el cargo con su posición en la consultora, que además incluyó en su declaración jurada.

El ministro destacó que Elizalde es "un reconocido académico y por eso contratamos a Labcom" y reveló que antes de avanzar en la contratación "se consultó a la Oficina Anticorrupción si había incompatibilidades y se confirmó que no". De hecho, la ley de Etica Pública y el decreto posterior que regula los conflictos de interés exige que el funcionario no tenga participación funcional donde se realiza la contratación, hecho que no se da en este caso.

En un texto que los socios de Labcom entregaron a los medios para defenderse de la denuncia -ver documento adjunto-, explicaron que la consultora nunca prestó servicios de consultoría para Nación Fideicomisos. En tanto que respecto a Alonso, este tercer socio directamente vendió sus acciones en enero de 2016 antes de entrar al Estado.

En tanto que sobre la acusación de una presunta incompatibilidad en la contratación de Elizalde porque es becario del Conicet, el ministro explicó que en rigor su sueldo se lo paga la Universidad Austral, es decir no es empleado remunerado del Estado.

Elizalde es en efecto un reconocido académico de las comunicaciones, con decenas de libros y ensayos publicados y desde el año 2000, cuando obtiene una beca Postdoctoral del Conicet, al ser mayor el monto del sueldo de la Universidad Austral que el de la beca, dejó cobrar el salario del Estado.

"La verdad que no hay nada y no estamos para perder tiempo, lamento que la diputada por necesidad de protagonismo mienta sobre situaciones que no existen, cuando hay personas honorables en el medio", agregó el ministro.