Crece la tensión en el Congreso por el control de asistencia al personal
En uno de los veranos más tranquilos que se recuerde en el Congreso, sin sesiones, proyectos de ley o comisiones calientes, la tensión se trasladó a una decisión administrativa de Gabriela Michetti y Emilio Monzó, tan obvia como polémica: controlar que los empleados cumplan su jornada de trabajo.
La obviedad es porque se supone que el personal debería respetar su contrato laboral, pero papeles sobre la mesa, aparecieron quienes exigen condiciones especiales o recompensas por extras no contemplados en los reglamentos.
"No puedo seguir con tres convenios laborales", se indignó Emilio Monzó ante varios diputados de su bloque que lo abordaron por cuestiones políticas y lo escucharon hablar de números y expedientes.
En Diputados, el sistema biométrico para controlar personal se instaló en noviembre y trajo rápidos resultados: en dos meses aparecieron 200 "ñoquis" y la mayoría presentó la renuncia.
Realmente no podían ir, a diferencia de otros legendarios asesores que reaparecieron para marcar tarjeta y abarrotaron los espacios comunes. Pero pronto comenzaron los planteos de diputados y empleados de carrera.
Los primeros reclamaron su derecho a tener empleados en la provincia que lo eligió y lo lograron, pero con límites. Se abrió una especie de "régimen de excepción", para que al menos puedan enviar cerca de sus casas a un colaborador pagado por el Congreso.
Con el personal experimentado, la discusión fue más tensa. Muchos se acostumbraron a trabajar las horas que sean necesarias en reuniones de comisión y sesiones, con la tranquilidad de recuperar el tiempo perdido con futuros faltazos.
Se sumó a esta tensión la eliminación de cocheras, que ante la escasez generaron escenas de torpe pugilato.
El control biométrico impidió ese acuerdo y en diciembre abundaron pedidos de pagos por extras millonarias de los jerárquicos. Tanta fue la presión que reaparecieron recompensas como los viejos tickets canasta y el dilema se repetirá si no se escribe un reglamento específico para esos casos, una tarea inevitable, tarde o temprano.
De ahí el fastidio de Monzó, que sueña con restringir los empleados de planta permanente a áreas administrativas y que los diputados se arreglen con contratados o transitorios durante sus mandatos.
En el Senado, el biométrico funciona como prueba desde febrero y empezará a regir plenamente en abril. Pero el ensayo alcanzó para alterar el vínculo entre Gabriela Michetti y los jefes de bloque. "El miércoles en la reunión de labor parlamentaria habrá gritos", vaticinó a LPO un experimentado senador.
Hubo opositores que declararon una virtual "rebeldía" y ordenaron a sus empleados más cercanos no registrarse para desafiar a la vicepresidenta, que tiene previsto aplicar sanciones en abril. Imaginan que así tendrán otro "régimen de excepción", como el de la Cámara vecina.
Pese a la purga que hizo ni bien llegó, el Senado sigue con una plantilla de empleados similar a Diputados, engrosada como nunca en los años de Amado Boudou.
Cualquier control exhaustivo puede dejar información impensada, como cuando se supo que el joven abogado Roberto Carlés, propuesto por Cristina Kirchner para la Corte Suprema, era empleado planta transitoria, con dedicatoria full time. Pero no iba nunca.
Claro que, como en Diputados, están quienes le ponen el cuerpo a sesiones interminables y ahora, además, deben ir siete horas los lunes y los viernes, sin importar que los despachos estén vacíos. Esperan una explicación. Y no será fácil dársela.