DDHH

Avruj se cruzó con Amnistía por un informe sobre el aumento de la represión

"Es sesgado y deja mucho que desear", afirmó el secretario de Derechos Humanos.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se cruzó duramente con Amnistía Internacional por el informe de la organización que alertósobre la existencia de "una tendencia preocupante a reprimir la protesta social" en Argentina.

"Es un informe sesgado, incompleto y que deja mucho que desear", replicó el funcionario. "En el caso Maldonado, omiten las decisiones tomadas, cómo la Justicia ha avanzado y cómo ha ido resolviendo el tema. Hay una decisión de que eso esté omitido, así como está omitido el Plan Nacional de Derechos Humanos, así como está omitido en pueblos originarios la creación del Congreso Consultivo y Participativo", se quejó en diálogo con radio La Once Diez.

"Hay un montón de cosas inexactas, información incompleta y un sesgo", subrayó Avruj, y a continuación afirmó que "en el caso Maldonado, Amnistía Internacional tomó partido. Cuando fue conocido el resultado de la autopsia, así y todo siguió criticando el accionar de Derechos Humanos".

"En el caso de Milagro Sala la justicia ha avanzado mucho, ha habido dictamen de la Corte Interamericana y la Corte Suprema que se han cumplido, pero dicen que no se ha cumplido con lo que ha pedido el grupo de trabajo de las Naciones Unidas. Pero ellos saben, como sabemos todos, que sus opiniones no son vinculantes", explicó. "Lo único que es vinculante para el Estado argentino son los fallos de la Corte Interamericana", agregó.

En un relevamiento sobre la Argentina, la entidad internacional que defiende los derechos humanos sostuvo que "en la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente, según denunciaron algunos de sus familiares".

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Argentina, Mariela Belski

En ese sentido, el funcionario consideró ante Télam que cuando la organización alude a "la criminalización de la protesta social" se refiere a los hechos ocurridos en la primera marcha, realizada el 14 de diciembre pasado contra la reforma laboral en el Congreso, y "nada se dice de lo que pasó en la segunda manifestación", ocurrida el 19 de ese mes.

"El trabajo de Amnistía sobre la protesta social no habla de los grupos violentos que intentaron en esas fechas que el Congreso no sesionara para que no se tratara una ley. Hubo en 2017 cerca de 5.000 piquetes en el país y no se produjeron hechos represivos. Prueba de eso es que en la marcha que ayer hizo el gremio de Camioneros tampoco se produjeron incidentes con las fuerzas de seguridad", destacó Avruj.

El trabajo de Amnistía observa que hay "profundas deudas" en el país sobre cuestiones referidas a las comunidades originarias y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

"En esa parte no se menciona la sanción de una prórroga de la Ley de Tierras para las comunidades originarias, la creación de un Consejo Consultivo para los pueblos indígenas y el funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAE) a la órbita de la secretaría de Derechos Humanos, ya que antes estaba en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social", fundamentó.

El funcionario reiteró que en el próximos días se realizarán encuentros con los representantes de Amnistía para evaluar la aplicación del Plan de Derechos Humanos, y adelantó que su gestión "estará abierta a debatir todas las cuestiones". "Más allá de las diferencias que puedan surgir vamos a seguir trabajando con los representantes locales de Amnistía por la vigencia de los derechos humanos", subrayó Avruj.

En el informe, Amnistía también alertó sobre "los ataques a la libertad de expresión padecidos por organizaciones y periodistas" abocados a difundir los derechos humanos en Argentina.

 "Hay una predisposición de líderes en diferentes partes del mundo a propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina, entre varios otros, son ejemplo de ello", remarca Amnistía. Y en ese sentido, el informe anual enfatiza: "En los últimos años en Argentina este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión".