Cambiemos impidió que funcione la bicameral de control de deuda externa
La bicameral de seguimiento de deuda externa no se reunió jamás a casi dos años de su creación y en la oposición lo atribuyen a una maniobra de Cambiemos para obstruirla.
Su origen fue la ley de pago a los holdouts, sancionada en abril de 2016 con el respaldo del peronismo referenciado en gobernadores y del Frente Renovador.
Estas fuerzas impusieron la creación de una "comisión bicameral permanente de seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de deuda exterior de la nación".
Debe integrarse con 10 senadores y 10 diputados y podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos como así también a entidades financieras nacionales internacionales, privadas o públicas. Y "a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos".
Necesitado de votos, Cambiemos aceptó la propuesta pero luego nunca activó la bicameral y durante el debate del presupuesto Marco Lavagna (Frente Renovador) y Pablo Kosiner (Bloque Justicialista) exigieron abrirla de una buena vez.
"Entiendo que la Secretaría Parlamentaria ya pidió a los bloques los nombres de quienes la integrarán", fue la tibia respuesta del macrista Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Efectivamente, las secretarías parlamentarias de ambas cámaras cumplieron el trámite de enviar los legisladores designados por los bloques, pero la bicameral nunca se reunió para empezar.
En la oposición aseguran que eso ocurrió porque los legisladores de Cambiemos no atendieron los llamados y apelaron a una trampita: Emilio Monzó y Gabriela Michetti nunca designaron al secretario de la bicameral, un empleado de carrera encargado de acelerar los trámites.
Mientras tanto, los senadores y diputados designados nunca pudieron participar y muchos terminaron su mandato en al dulce espera, como el ex senador Juan Manuel Abal Medina y el ex diputado Héctor Recalde.
El aumento de la deuda externa fue una de las polémicas más fuertes del presupuesto de 2018, donde se prevé incrementarla en 40 mil millones de dólares y elevar el pago de intereses al 10% del gasto público. El porcentaje crece con cada devaluación.
"Las metas fiscales las vamos a cumplir siempre. Y en 2024 vamos a tener más inversión y un nivel de deuda de 36% puntos (del PBI), que es un nivel bajo", se defendió Luis Caputo, cuando presentó el presupuesto en Diputados.
Pero se negó a informar al Congreso cada emisión de deuda, como planteó otro proyecto de ley aprobado en el Senado y cajoneado por Laspina. "Las oportunidades para tomar buenas tasas son de un día para el otro", explicó.
La bicameral que nunca empezó a funcionar sólo busca pedirle información de cada emisión para evaluar si son convenientes. El Gobierno la prefiere cerrada.