Imponen mayores responsabilidades en los arreglos de veredas

 El debate sobre los frentistas y sus responsabilidades con las veredas transformó lo que debía ser una sesión tranquila en un hervidero. Con mayoría propia, el oficialismo aprobó una modificación a la normativa que baja las multas a las empresas y aumenta las obligaciones de los propietarios.

"Las veredas son del Estado, no del frentista", podía leerse en uno de los carteles colocados en las gradas. La responsabilidad de los arreglos en las veredas capitalinas actualmente recae sobre los vecinos y continuará siendo así con una pequeña diferencia: la Ciudad aumentará los controles que se traducirán en mayor cantidad multas.

Las sanciones para las empresas de servicios por dejar un arreglo mas terminado comienzan en 723 mil pesos, por ello las compañías las judicializan y no las pagan. A partir de ahora costarán desde 110 mil pesos. Para evitar que se realicen varios arreglos en las mismas zonas todas las obras deberán ser aprobadas por el gobierno.

El macrista Maximiliano Sahonero fue el encargado de defender el proyecto por el oficialismo. "Las veredas son una de las mayores problemas sobre todo para las personas con discapacidad", dijo. "La idea es ordenar y mejorar los recursos que tiene el Estado", agregó el joven PRO.

Según expuso el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli en una de sus visitas a la Legislatura, el 64% de las roturas de veredas corresponden a empresas de servicios, el 12% a rotura por raíces de árboles. "Si el frentista paga por la vereda, entonces ¿puede poner un cerco y tomar sol? Esta medida es un capricho del Ejecutivo", chicaneó Silvia Gottero del bloque peronista.

La legisladora cuestionó además que existiera una Subsecretaría de Vías Peatonales con 6300 millones de pesos de presupuesto y que no fuera este organismo el que realizara y coordinara los arreglos de las veredas. La repartición, a cargo de Clara Muzzio, controlará mediante los guardianes de veredas el estado de las aceras. 

Marcelo Ramal, del FIT, recordó que había presentado un proyecto para declarar la emergencia de las veredas y señaló que en varias de las más importantes ciudades del mundo el Estado era el encargado de cuidarlas. El legislador consideró que constituía una doble imposición cobrarle ABL a los vecinos y además que debieran pagar los arreglos de veredas. Ramal utilizó la palabra "extremista" para calificar la iniciativa oficialista y provocó una fuerte respuesta del macrista Emilio Rasposo Varela.

Marcelo Despierro consideró que con la normativa se rompía "un principio básico de solidaridad. El costo de reparar una vereda en una zona residencial que en una zona de edificios". Para Gabriel Fuks la nueva ley "pone a los frentistas en una misma línea que a las empresas".

"Tienen una concepción disparatada de la propiedad privada de la vereda", acusó Gustavo Vera, de Bien Común. "6100 millones de pesos es más que el presupuesto de un municipio del Conurbano. Es un problema más para los vecinos en una Ciudad multimillonaria", apuntó.

De todas formas, y a pesar que Horacio Rodríguez Larreta prefiere que el consenso a la hora de votar las leyes, la normativa salió con 32 votos a favor y 22 en contra. 32 es el número de legisladores que conforma el interbloque oficialista, aunque esta vez Graciela Ocaña estuvo ausente. Fue el massista Javier Gentilini, que en diciembre próximo termina su mandato, el único opositor que apoyó la iniciativa.