Cerca de ser procesada, Gils Carbó contrata a Arslanián para que la defienda

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cambió sorpresivamente de abogado defensor en la causa en que está imputada de presuntas coimas en la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013, y por la que está cerca de ser procesada.

Fuentes allegadas a Gils Carbó informaron a la agencia DyN que la Procuradora desistió de la asistencia del abogado Alejandro Rúa, también defensor en algunas causas de la ex presidenta Cristina Fernández, y contrató a León Arslanian, ex ministro de Justicia en el primer gobierno menemista (1989-1995).

"Arslanian ya la defendía en la causa en el fuero Contencioso Administrativo con que el gobierno intenta sacar a la Procuradora por decreto, entonces se prefirió concentrar los casos en un solo abogado en vez de tener dos", consignaron las fuentes.

Gils Carbó tuvo que declarar como imputada el 31 de agosto pasado ante el juez federal Julian Ercolini y admitió que hubo un "negocio oculto" en la compra del edificio por parte de su ex subordinado Guillermo Bellingi y un hermano (Juan Carlos Thill), pero negó cualquier responsabilidad personal en la transacción.

"Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Bellingi y Thill", estableció en su escrito de descargo y precisó que "está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill".

También insistió con que "no cobró ni se benefició" personalmente "por esta operación" de la compra del edificio ubicado en la calle Perón 667 del microcentro de esta capital y recalcó que "la Procuración General de la Nación no abonó comisión alguna por la operación".

Esta causa investiga la compra por casi 44 millones de pesos a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500 del barrio de Recoleta.

En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado como asesor a Thill, medio hermano del contador Bellingi, subdirector general de la Procuración al momento de lalicitación.

Bellingi y Thill están imputados en la causa junto a otras ocho personas, y todos ya prestaron declaración indagatoria.

El Gobierno nacional pretende que Gils Carbó renuncie a la Procuración, a punto tal que el propio presidente Mauricio Macri ha dicho que es una "militante kirchnerista", pero ella defiende el carácter vitalicio del cargo, según lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y recordó que "el Presidente de la Nación llegó al cargo procesado (por escuchas telefónicas ilegales), con procesamiento confirmado por la Cámara Federal.

Esta referencia tiene que ver con que el Gobierno espera el procesamiento para retomar la embestida contra la procuradora. Incluso, un sector del oficialismo cree que el procesamiento es causa suficiente para echarla por decreto, aunque Elisa Carrió ya avisó que no avalaría esa medida y pretende un juicio político.