Vidal excluye a las cooperativas de la ley de Obra Pública
La Legislatura bonaerense buscará aprobar antes de fin de año la retrasada ley de Obra Pública, un proyecto que busca normalizar el proceso de licitaciones en la provincia. Según pudo saber LPO, el proyecto, tal cual lo quiere el Ejecutivo, desestimará la posibilidad que las cooperativas de trabajo puedan ser parte de las licitaciones.
El proyecto de ley había sido enviado por el entonces ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón, en mayo del año pasado. Desde entonces se trabaja en la comisión de Obra Pública que preside el diputado César Torres.
En los últimos meses se le hicieron al texto original más de 30 modificaciones.
Uno de los puntos más controvertidos es el que permite a las cooperativas participar de los procesos de licitación. Ese artículo no estaba contemplado en el texto que envió Cenzón, pero venía siendo un reclamo de un sector del peronismo que resultaba clave para aprobar la ley, y -eventualmente- para comenzar a negociar de cara al presupuesto 2018.
Desde el Ejecutivo aseguraron a LPO que la decisión está tomada: no habrá lugar para las cooperativas de trabajo. En tanto, fuentes legislativas hacen una salvedad: sí podrán participar de las licitaciones las cooperativas de construcción.
La diferencia entre éstas y las primeras es que las cooperativas de construcción está en la carga impositiva que tienen éstas últimas.
La idea del gobierno es que apruebe después de las elecciones de octubre. En los últimos días el Ejecutivo tomó la decisión final de avanzar con una ley sobre la que hubo marchas y contramarchas.
Incluso, algunas versiones daban cuenta de cierta disconformidad de Roberto Gigante (ministro de Infraestructura) con el texto que su antecesor envió a la Legislatura.
"De ninguna manera. Cuando se envió el proyecto estábamos en un momento inicial de la gestión. Ahora tenemos otro escenario", dicen desde el oficialismo.
Mientras tanto, el gobierno ejecuta licitaciones a través de una ley de Emergencia en Infraestructura aprobada en abril de 2016 en medio de fuertes críticas de la oposición. En el gobierno argumentaban que la ley actual de Obra Pública es obsoleta y que necesitaban celeridad en los procesos de licitación para avanzar con las obras que la provincia necesita.