Exclusivo: Caputo quiere que los contratos de PPP se rijan por los tribunales de Nueva York
La semana pasada el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo presentó la plataforma web de su Unidad PPP, la dependencia que se encarga del seguimiento de los contratos de Participación Público-Privada (PPP) a cargo de Luis Morea.
Se trata de la gran apuesta del macrismo para descomprimir en 2018 los recursos que el Estado destina a la obra pública y para despejar las dudas de los inversores, el ministro de Finanzas tiene una propuesta polémica: Que los contratos se rijan bajo la ley y los tribunales de Nueva York, una propuesta que trae los malos recuerdos de lo que fueron los años de pleitos por el default de la deuda, ante el juzgado de Thomas Griesa.
LPO ya reveló que este sistema que funcionó de manera excepcional en Inglaterra, España y Chile, en la Argentina se topa con el cuello de botella que implica una macroeconomía que todavía está muy lejos de ser una economía de mercado y mantiene enormes interrogantes para cualquier inversión de largo plazo.
Pero las urgencias fiscales, con un déficit global rondando los 8 puntos del PBI, llevaron a la administración Macri a apostar al PPP para mantener el año que viene el actual nivel de obra pública, sin seguir exigiendo la caja del Estado. El proyecto de Presupuesto que diseñó Nicolás Dujovne contempla que ingrese un piso de u$s 6.000 millones de capital privado por esta vía.
Sin embargo, detrás de ese voluntarismo también se agudiza una pelea de poder por ver cual será la ventanilla principal del Estado que regulará el PPP.
El problema es que si bien se trata de una herramienta básicamente financiera, el Ministerio de Finanzas no es la autoridad competente para llamar a licitación para las más de 50 obras que el Gobierno busca hacer mediante esta modalidad en lo que resta de su mandato.
Por eso, como cada ministerio es el contratante y fija los lineamientos específicos de su área. Esto ya causó molestia en los fondos de inversión que podría derivar fondos, que explicaron a los funcionarios de Finanzas que "los inversores quieren un modelo simple y claro". La actual heterogeneidad normativa les dificulta el análisis financiero.
LPO pudo saber que, por ejemplo, que el Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich quiere que los contratos de PPP se celebren en pesos y mediante un alambicado sistema de fideicomisos, que hasta ahora no logró convencer a ningún socio privado para que invierta en los más de 2.800 kilómetros de autopistas y 4.000 kilómetros de rutas seguras, que quieren construir.
"Nadie va a poner un peso en el sistema de Dietrich", afirmaron a LPO fuentes al tanto de las negociaciones.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Por eso, más atractiva resulta la iniciativa de Pablo Quirno, ex J.P Morgan y jefe de Gabinete del ministro de Finanzas, Luis Caputo, de firmar los contratos bajo Ley Nueva York. De esta forma, les daría a los inversores las garantías que reclaman para invertir en proyectos de una década de promedio, en un país que se cansó de romper contratos.
Sin mencionar los brutales volantazos en la macroeconomía. Por eso, se estudia que el contratante se reserve la potestad de hacer modificaciones a los acuerdos siempre y cuando no superen el 20% del valor del contrato.
Quirno tiene una vasta experiencia en el manejo de privatizaciones y fusiones empresarias en las que participan el sector público y privado.
El primer PPP
Con más gimnasia en las licitaciones, parece que el primer contrato de PPP lo cerrará la cartera de Energía que conduce Juan José Aranguren. Se trata del tramo Río Diamante-Charlone de la red de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, una obra de unos u$s 480 millones.
Esta línea está hace años en las proyecciones de Transener como parte de los 880 kilómetros entre Río Diamante y el Gran Buenos Aires, así como la estación transformadora de Charlone. En una segunda etapa, quedan los tramos hasta Junín y Plomer en la provincia de Buenos Aires.
Según especificó oportunamente el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, se trata de una línea de 490 kilómetros de extensión. En total Aranguren está buscando que el sector privado financie obras de infraestructura urgentes por un total de 3.000 millones de dólares.
El repago lo hará mediante la concesión de la operación de esas líneas a cambio de un canon anual de entre 5 y 15 años, más pagos mensuales por la inversión en capital e intereses, una vez que la obra esté concluida. Lo que aún se desconoce es la tasa de interés que resultará en este repago, el punto clave de todo el proceso.
Es que en el mercado hablan de tasas superiores al 6 por ciento en dólares, para proyectos que superan los diez años, algo que la oposición seguramente objetará.