Educación

Ciudad: presentaron un amparo contra el instructivo para tomas de Soledad Acuña

El asesor tutelar Gustavo Moreno pidió "cesar" la aplicación del protocolo y reclamó elaborar uno nuevo.

 Los Asesores Tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva presentaron un amparo contra el instructivo del ministerio de Educación porteño para las tomas de los colegios. Los conflictos se multiplicaron desde que Soledad Acuña empezó a impulsar una reforma a la currícula secundaria que incluye pasantías no rentadas en quinto año.

La presentación destaca "el derecho a la libre expresión y a ser oído de los/las adolescentes que concurren a las Escuelas del Nivel Medio de gestión estatal del GCBA" y cita el Código Civil y Comercial de la Nación y las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acoso a las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Los demandantes le piden al Juez en lo Contencioso Administrativo Aurelio Ammirato que ordene al Ministerio de Educación "cesar" la aplicación del Instructivo "que fuera dejado sin efecto" por la Justicia. Además le solicitan al magistrado que ordene la elaboración de un "protocolo de actuación especial para las situaciones de protesta estudiantil".

El "Instructivo sobre forma de proceder en caso de tomas de instituciones educativas" había sido una vieja idea del ex ministro Estaban Bullrich que data de 2012 y debió ser suspendido por orden judicial. El protocolo insta a las autoridades escolares a denunciar a los alumnos que tomen escuelas y judicializar los conflictos.

Incluso Amnistía Internacional presentó un pedido de acceso a la información al Gobierno porteño luego de que empezara a circular el instructivo sin la firma de ninguna autoridad política del Ejecutivo capitalino.

"Preocupa que la respuesta ofrecida por el Estado frente a reclamos educativos sea la intervención de las fuerzas de seguridad", señalaron desde el organización en un comunicado. En Amnistía Internacional expresaron su preocupación por la calificación como "delitos o contravenciones" de las tomas de colegios, algo que consideraron una "criminalización del derecho de participación de los estudiantes".

Los estudiantes reclaman que antes de ocuparse de la "Escuela del Futuro el gobierno se ocupe de las necesidades que tienen las escuelas en el presente". La referencia fue para los problemas edilicios con falta de gas o problemas con alimentos que atraviesan algunos colegios capitalinos.