Exclusivo: Como se ordenó la estrategia del Gobierno para acorralar a Odebrecht
Se trata de un leading case para la administración de Macriporque el mundo está mirando muy de cerca -y en especial Estados Unidos- comose comporta con la corrupción. Argentina junto a un país africano y Venezuelaeran los únicos que no habían dado de baja a la multinacional brasileña, en lasobras públicas sospechadas de corrupción.
Macri, cuando se destapó el caso de las transferencia a sujefe de inteligencia Gustavo Arribas, lo vivió como un mensaje mafioso y ordenóuna ofensiva que inicialmente lideraron el ministro de Justicia, GermánGaravano y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que terminósiendo funcional a Odebrecht.
La idea ampliamente difundida por Alonso, de firmar desde suSecretaría de Estado un acuerdo de impunidad a cambio de confesión de ilícitos,al estilo de la delación premiada de Brasil o los acuerdos de "Inmunity" deEstados Unidos, como anticipó LPO, es en el sistema argentinosencillamente ilegal.
La confusión surge porque en Estados Unidos el procuradorconcentra la defensa legal, civil y penal del Estado y además controla el FBI.Es una suerte de súper ministro de Justicia, nombrado por el presidente.
En Argentina esa función está fragmentada: El procuradorGeneral -Alejandra Gils Carbó- es cabeza de un órgano extrapoder desde lareforma constitucional de 1994, que concentra la defensa penal del Estado ymanda a los fiscales. Mientras que las funciones civiles y administrativasestán en cabeza del procurador del Tesoro, ahora en manos del salteño BernardoSaravia Frías, un funcionario nombrado por el Presidente.
Por eso, luego que Alonso organizara la primer reunión conlos ejecutivos de Odebrecht, el tema fue perdiendo impulso en silencio. Genteque la quiere bien, le explicó a la ex Poder Ciudadano que estaba usurpandofunciones judiciales y si llegaba a firmar algún acuerdo de inmunidad lo másprobable es que ella terminara presa.
Los abogados de Odebrecht liderados por Guido Santiago Tawilacompañaban con alegría los esfuerzos de Alonso, conscientes que el destino másprobable era un callejón sin salida. Misma estrategia que este abogadoinstrumentó con éxito en el caso de las coimas de IBM, que terminó con elEstado a la defensiva, afrontando una demanda de u$s 500 millones de dólares dela multinacional norteamericana por incumplimiento de contrato, que sigue abierta.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en la sesión que dio de baja el polémico articulo 37.
Alertados de estos riesgos, el gobierno modificó laestrategia y presionó a sus diputados para que sacaran una ley que le diera"marco legal" a la jugada poniendo la negociación en cabeza de Saravia Frías.De esa manera, Macri -creía- se aseguraba de controlar el proceso de delación.El problema es que esto también es ilegal y por eso no pasó el filtro delCongreso y se cayó el famoso artículo 37, pese a las presiones de la CasaRosada. Lo notable es que el propio "beneficiado" era el más alarmado con lanorma y así se lo hizo saber a los diputados oficialistas.
Reencauzar la estrategia
Saravia Frías, de familia radical alvearista, es un sólidoabogado corporativo que entendió enseguida que asumir esa función penal loponía de inmediato en la mira de los jueces federales, para nada contentos conla posibilidad de que el Ejecutivo usurpara sus funciones.
Como casi todo lo que ocurre en la Argentina, ladesesperación por mostrar un "cambio", impide ver las posibilidades del sistemaactual, que es mucho menos malo de lo que parece. Eso es lo que explicó conpaciencia el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, apoyando la posturadel procurador del Tesoro.
Es decir, es mucho lo que se puede hacer desde el Estado conlas normas actuales y no se había explorado.
La sucesión de fracasos permitió al procurador del Tesorofijar la nueva línea: La persecución penal volvía a donde corresponde, lajusticia federal y el Poder Ejecutivo ahí no tenía mucho para hacer, como quedóclaro en los viajes de Garavano a Estados Unidos a buscar información que nuncale dieron.
Pero el Estado si podía, por ejemplo, dar de baja aOdebrecht del registro de contratistas de obra pública, un golpe demoledor paralas finanzas de la multinacional, que pretende pagar las multas con lo quecobra de nuevos contratos y encima reducirlas a lo que ellos dicen que pagaronde coimas.
Los brasileños confesaron pagar coimas por u$s 35 millones,cuando en el mercado se sabe que en rigor fueron por un mínimo de u$s 500millones, que es el 10 por ciento de los contratos que les dio el kirchnerismo.
Sacarlos de los contratos del Estado pone una enorme presiónfinanciera sobre los brasileños, con la idea de obligarlos a negociar con mayoresdosis de buena fe. Odebrecht entendió el mensaje y tuvo el buen gusto deretirar a Towil de la primera línea de las negociaciones.
Lo segundo, es empezar a construir los casos civiles. Laprocuración y la Sigen si tienen competencias para investigar al interior delEstado lo que sucedió con esos contratos. Son tres casos: Soterramiento delSarmiento, Planta de agua de Tigre y gasoductos, este último donde lossobreprecios y coimas llegaron a niveles siderales, como bien sabe eladministrador de Nación Fideicomiso, Marcelo Blanco, que fue uno de losprimeros funcionarios que se animó a denunciarlos.
Una vez que esos casos estén construidos el procurador delTesoro si puede denunciarlos ante la justicia y en consecuencia ser parte delproceso.
Con estos instrumentos, en el Gobierno entienden que ahorasí tienen elementos para explicarle a Odebrecht que si quiere volver a operaralgún día en la Argentina, deberá sentarse a negociar no ya inmunidad-imposible de otorgarle desde el Poder Ejecutivo- sino los términos de unamulta más sincronizada con la realidad de las coimas que pagó, además deentregar información sobre los coimeros.