La Cámara de Casación ordenó cerrar las causas contra Arribas y Lilita
El Gobierno recibió dos buenas noticias en el medio del cierre de listas para las elecciones. Una de ellas es que la Cámara Federal de Casación Penal ratifique el cierre de la causa de Gustavo Arribas por presunto cobro de sobornos a la empresa Odebretch. La segunda, es el archivo de la causa por enriquecimiento ilícito contra Elisa Carrió.
Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ya había sido sobreseído en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y luego por la Cámara Federal, y si bien el fiscal Germán Moldes no apeló sí lo hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Sin embargo, este viernes la Sala III del tribunal confirmó lo resuelto en primera instancia y de esa forma Arribas termina sobreseído, más allá de la declaración del arrepentido del Lava Jato de Brasil Leonardo Meirelles, quien aseguró que el funcionario cobró 850.000 dólares por gestiones para adjudicarle el soterramiento del tren Sarmiento a la constructora del país vecino.
Por otro lado, La Cámara Federal porteña ratificó hoy el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito que se había abierto contra la diputada, Elisa"Lilita" Carrió, luego de que uno de los denunciantes aseguró que le pagaron para acusarla, informaron fuentes judiciales.
La denuncia contra la candidata de Vamos Juntos se abrió a fines de 2016, cuando un hombre llamado Saúl Enrique Paz hizo una primera denuncia pero nunca se presentó a ratificarla.
Cuando el juez Rafecas cerró el expediente, apareció una denuncia similar promovida por un abogado, Mariano Valdez, con términos similares, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
Enterada de la cuestión, la Sala II de la Cámara Federal ordenó ubicar al primer denunciante y allí se descubrió que a Paz le habían pagado 1.500 pesos para denunciar a la legisladora, según declaró él mismo ante Rafecas, recordaron las fuentes.
A raíz de ello, Rafecas resolvió desestimar y archivar las denuncias, por entender que no respondían a "alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública". Pero la fiscal Ochoa apeló en base al segundo denunciante, y su superior Moldes la respaldó a la espera de que las causas se cierren por sobreseimientos y no por desestimaciones.