Cambiemos ya tiene el proyecto para que Odebrecht confiese a quién le pagó las coimas
Funcionarios del Ministerio de Justicia y el de Seguridad acordaron con los diputados de Cambiemos un artilugio legal para que los empresarios de Odebrecht puedan detallar las coimas que pagaron a funcionarios argentinos, a cambio de una sanción más leve y la posibilidad de seguir operando en el país.
Fue en una visita que representantes de ambas carteras tuvieron en la Cámara baja junto a los diputados Mario Negri, Daniel Lipovetzky, Waldo Wolf y Gabriela Burgos. Allí definieron agregar al proyecto sobre responsabilidad penal empresaria una vía administrativa, para que los empresarios atenúen sanciones si confiesan sus actos ilícitos. El paso que sigue es negociar con la oposición.
Como explicó LPO, esta iniciativa fue presentada en octubre, Mauricio Macri la pidió en la apertura de sesiones ordinarias y los diputados de Cambiemos empezaron a tratara en comisión. Pero no sabían que el objetivo era hacer hablar a los empresarios brasileños vinculados al escándalo del Lava Jato.
Cuando desde la Casa Rosada se lo hicieron saber, varios advirtieron que no será posible, porque una ley penal no puede ser retroactiva. Y organizaron la reunión de esta tarde para ponerse de acuerdo con los técnicos del Ejecutivo, donde no eran restrictivos con esa máxima jurídica.
El debate se saldó creando en el proyecto una vía administrativa, por la cual el apoderado de una empresa podrá atenuar una sanción mediante una confesión. Sería otra variante de la figura del colaborador eficaz, que contempla el proyecto original.
Las sanciones previstas se medirán en porcentaje de facturación e irán en el orden del 0.5% al 20% de la facturación o la pérdida de personería jurídica. O sea, un colaborador eficaz puede permitir un ahorro importante en la empresa infractora o hasta garantizar su continuidad.
En la reunión de esta tarde quedó claro que se hablará de una "responsabilidad penal objetiva", sin importar quien haya actuado en nombre de la empresa, otro traje a medida para los representantes de Odebrecht.
La constructora no buscará hacer justicia, sino sostener sus proyectos en el país con una ganancia proyectada mucho mayor a las multas que pague por haber coimeado funcionarios argentinos.
Si primera oferta fue abonar los 35 millones de dólares que dijo haber pagado en sobornos en el país ante la justicia de su país y el Securities and Exchange Commission (SEC) de New York, que esta semana visitará el ministro de Justicia Germán Garavano, quien este lunes fue recibido por el procurador de Estados Unidos.
Cualquier acuerdo traerá un problema para Macri: uno de los proyectos que busca sostener Odebrecht es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, asignada a una UTE entre la brasileña, Ghella y Iecsa, la compañía que Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, le vendió en marzo a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. La justicia allanó ayer las oficinas de todas las compañías.
El proyecto estaba pautado en 3000 millones de dólares que originalmente iba a pagar el Banco de Desarrollo de Brasil, pero el año pasado el presidente dispuso financiar con fondos del Tesoro mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Si ese financiamiento se ratifica en Tribunales, la oposición no descarta anularlo en el Congreso.