El caso Araceli reactiva el reclamo por Ni Una Menos ante la inacción política
Los restos de Blanca Aracelli Fulles, la joven asesinada y descuartizada en la ciudad de San Martín, fueron inhumados este sábado entre reclamos de justicia en el cementerio de esa localidad.
La joven estuvo desaparecida durante un mes y su caso conmueve mientras reactiva la demanda social que agita el colectivo "Ni una menos" a lo largo y ancho de todo el país.
Desde el Gobierno hubo críticas a la fiscal Graciela López Pereyra, quien indagaba a los detenidos por el crimen de Araceli, pero desde las organizaciones sociales reclaman que la dirigencia política -principalmente el Gobierno pero también la oposición- no logró dar respuestas al reclamo por la violencia de género.
El movimiento de las mujeres se convirtió en los últimos tiempos en quien llevó la delantera del reclamo social y político que ni el Gobierno ni la oposición terminaron de asumir. Mientras se especula con la posibilidad de otra gran marcha, se contrastan nuevos datos de femicidios.
Los datos duros son contundentes. Circula la cifra de la nómina de las mujeres muertas este mes se hizo viral en las últimas horas tras la aparición del cuerpo de Araceli. Contando el crimen de esta joven, hubo una víctima de femicidio por día en la Argentina durante el mes de abril.
La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, Mariela Labozzetta, opinó en diálogo con LPO que el tema no está "genuinamente" en la agenda pública y política. "La violencia de género sigue estando en una categoría menor", afirmó y opinó que los movimientos sociales son los que lo traccionan.
Marcha del "Ni Una Menos"
En ese sentido, consideró que entre los grandes crímenes de derecho penal los que más preocupan son los relacionados al narcotráfico o la inseguridad ciudadana. "Cuando el clamor social se enciende porque hay una muerte, los poderes políticos reaccionan con parches, con políticas", dijo en relación a la conmoción social que generan casos como el de Araceli.
Por eso, Labozzetta consideró que la modificación de ejecución penal de prever salidas anticipadas de los presos es una respuesta "espasmódica" y no de fondo ante la problemática que no es central en la agenda pública y no se le da la dimensión que debería tener.
"Hay más o menos unos 300 femicidios por año, al menos desde que empezaron a medirse en 2014, porque no hay números oficiales previos", informó Labozzetta, que además recordó que como la figura del femicidio como algo diferencial recién se incluyó en 2012, los registros son diversos.
"En los registros aparecen las causas que informan los tribunales y hay muchos casos que están mal caratulados, como homicidio simple o agravados por el vínculo, pero no como femicidios, por eso quedan como cifras negras", señaló.
El testimonio de Labozzetta va en línea con los de organizaciones sociales que componen el movimiento de las mujeres que sigue creciendo, al que desde Nación, Provincia y desde los mismos municipios no se logró dar respuesta. Por eso, los ojos también apuntan a la dirigencia política en pedido de una reacción.
Marcela Ojeda, una de las fundadoras del colectivo "Ni una menos", recordó a LPO que en 2015 presentaron un plan de acción y el Gobierno hizo un compromiso. "De aquellos reclamos son muy pocos los que se cumplieron", afirmó.
"En 2015 presentamos 5 puntos principales y no hubo respuestas", dijo y reconoció como uno de los logros del colectivo el hecho de instalar la violencia machista en la agenda, para que se abran puertas de debate en escuelas, clubes, facultades y ámbitos públicos.
En ese sentido, apuntó contra la connivencia policial con la burocracia de la Justicia, que lleva a que todo se dilate. "No se instrumentan los mecanismos de búsqueda al instante, en casos de mujeres que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad", afirmó.
"El cambio debe ser también social, pero hay respuestas urgentes que no se están dando", dijo en ese sentido y además de señalar a la dirigencia política afirmó que la Justicia también tiene que brindar respuestas "concretas y reales".
"Hubo reclamos sobre los que el Gobierno prometió que iba a empezar a trabajar. Se presentó un plan, hay presupuesto importante destinado a refugios y programas de contención. Pero están colapsados. Muchos periodistas intentamos dar respuesta o ser puente cuando el Estado no está: tanto el Ejecutivo como la Justicia", afirmó.