Presión de Bullrich a los senadores para limitar las salidas anticipadas de presos
La Comisión de Legislación Penal del Senado se reunirá el miércoles para emitir dictamen sobre el proyecto que limita las salidas condicionales a once delitos, entre ellos los que atenten contra la integridad sexual, pero hasta este lunes no había acuerdo sobre si lo mejor era devolverlo a Diputados con cambios o sancionarlo como está.
Como pocas veces, oficialismo y la mayor parte de la oposición coinciden en el diagnóstico: la presión social para sancionar la ley no admite dilaciones pero el proyecto como vino de Diputados es inviable, porque elimina libertades condicionales en delitos como contrabando simple y consumo de estupefacientes, que casi le quitan sentido a esa figura del Código Penal.
En charlas informales, referentes de todos los bloques evaluaban los pasos a seguir y desde Cambiemos proponían sancionar la ley como está y que en tal caso Mauricio Macri la vete parcialmente, como ya hizo con muchas normas.
El proyecto fue aprobado en noviembre en Diputados y el Senado recién lo retomó tras la muerte de la joven de Gualeguay Micalea García, asesinada por Sebastián Wagner, condenado por violación y beneficiado por libertad condicional.
Es que el miércoles Patricia Bullrich les metió presión al anunciar que la ley sería sancionada esta semana. No será posible, porque en el mejor de los casos habrá dictamen el miércoles, pero demorarse más de una semana podría ser un costo político alto para los senadores.
"No podemos seguir atados a la interpretación de los jueces que otorgan salidas transitorias y las cosas terminan muy mal, como en Gualeguay", sostuvo ante LPO un senador de Cambiemos, partidario de sancionar la ley y esperar correcciones de Macri.
La Comisión de Legislación Penal la preside el entrerriano Pedro Guastavino, cercano al peronismo histórico que está dispuesto a sancionar la ley, pero mantiene dudas técnicas sobre el texto. Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey son los encargados de buscar consenso.
En sintonía con las ONGs como el Cels, la decena de kirchneristas no considera apropiada la ley y advierten además sobre la falta de lugar en las cárceles, como reclamó el procurador penitenciario Francisco Mugnolo y aceptó el ministro de Justicia Gustavo Ferrari. Pero son una minoría en el recinto.