Bullrich ignora protestas de presos y apura restricciones a libertad condicional
La manifestación en la cárcel de Devoto no conmovieron a Patricia Bullrich: la ministra fue al Senado y logró el compromiso de todos los bloques para sancionar la semana que viene la reforma penal que impide la libertad condicional para condenados por once delitos, entre ellos los que atenten contra la integridad sexual.
El proyecto, aprobado en diciembre en Diputados con el aporte de la massista Mónica Litza y el radical Luis Petri, fue reflotado tras el asesinato de la joven de Gualeguay Micaela García, en manos de un violador beneficiado con la salida transitoria.
La mención de esta ley generó una protesta este lunes en la cárcel de Devoto, una réplica de los motines que hubo en diciembre en penales de La Plata cuando el proyecto fue incorporado en las sesiones extraordinarias. Finalmente, jamás se trató.
En conferencia de prensa, Bullrich subestimó nuevos motines y prometió que el Senado emitirá dictamen mañana y la semana próxima será ley.
Poco antes la habían recibido en el Salón Gris el presidente provisional Federico Pinedo; el jefe del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas; el del PJ-FpV, Miguel Pichetto; los presidentes de las comisiones de Justicia, Pedro Guastavino, y de Seguridad, Sigrid Kunath, y los senadores Rodolfo Urtubey (PJ-FpV) y Laura Rodríguez Machado (Pro).
"Hoy a la mitad de la condena sin importar el delito la persona puede pedir salidas transitorias y muchas vuelven a cometer el delito. Por lo que se convirtió en un acortamiento de la pena", dijo Bullrich.
"La ley permitirá que delitos como los homicidios, secuestros y violaciones no sean beneficiarios de esta salida transitoria. Será simple: deberán cumplir la pena", celebró.
También subestimó los problemas de capacidad carcelaria que puedan surgir ante la extensión de penas. "(El ministro de Justicia) Garavano está llevando a cabo plan de renovación de cárceles federales en todo el país, porque están ubicadas en territorios alejados", anunció.
Y admitió que la Unidad de Devoto, donde ayer hubo protestas, ya no puede seguir funcionando. "Es una a trasladar urgente. Los familiares le pueden tirar cosas a los presos por las ventanas", se alarmó.
Bullrich negó que pueda considerase inconstitucional y si bien la ley no será aplicable a Sebastián Wanger, el asesino de García, porque la reformas no son retroactivas, encontró un resquicio para evitar casos similares mañana mismo.
"En 2012 votamos un cambio de la ley 24.660 que impedía todo tipo de salidas transitorias a violadores. Pero un juez la declaró inconstitucional. Una posibilidad inmediata es revisar esa declaración de inconsituticonaldad", propuso.
El debate comenzará mañana en el Senado con una exposición de Bullrich y de ONGs como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que se opone a la ley, como ya lo hizo el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Como los K son minoría, en la Cámara alta no habría problemas en lograr consenso cuanto antes.
Violencia en fútbol y expropiación a los narcos
Bullrich anticipó que solicitó aprobar cuanto antes la ley de violencia en el fútbol y la de extinción de dominio, dos de los proyectos cajoneados el año pasado, cuando el Congreso funcionaba a un ritmo frenético.
El primero tipifica como delitos penales lo que ahora son contravenciones, como "cualquier extorsión en la tribuna o la entrega de entradas a los barras". Los K se negaron a aprobar proyectos similares cuando eran mayoría y los pedía el entonces gobernador Daniel Scioli.
La extinción de dominio consiste en expropiar bienes originados por delitos, fue aprobada en Diputados pero congelada en el Senado, donde recién obtuvo dictamen en noviembre, pero con cambios.
Es el principal es que el proceso permanecerá en la órbita penal y no en la civil, como decía originalmente. "Vamos a acordar un texto entre los cambios que hizo el Senado. Queremos recuperar los millones del narcotráfico", dijo Bullrich.
Sin embargo, el temor de los legisladores se debe a que el proyecto podría derivar en una cacería de bienes procedentes de caso de corrupción. De hecho, el debate comenzó cuando el ex secretario de Obras Públicas, José López, revoleó bolsos con plata en un convento.