El Gobierno espera que Bonadio procese a los ex presidentes del Instituto del Cine

En el Gobierno nacional esperan que el juez federal Claudio Bonadio les aporte una ayuda inesperada en la disputa con la industria del cine por las irregularidades en el Incaa y defina el procesamiento de tres ex presidentes del organismo, involucrados en una causa por el manejo oscuro de créditos.

Bonadio tiene hace tiempo (la denuncia original es de 2007) una megacausa por el manejo de los fondos que el Incaa entrega a productoras para fomentar el cine argentino. El año pasado, el magistrado le tomó a indagatoria a 70 personas involucradas, entre ellas los ex presidentes del instituto Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure, y la ex vice María Lenz.

En el Gobierno esperan que al menos los ex presidentes del Incaa sean procesados, en lo que sería un importante aval a la decisión de descabezar el instituto, que hasta hace poco conducía Alejandro Cacetta. Creen que así podría calmarse la rebelión de la industria, que sospecha de una maniobra para desfinanciar el cine argentino.

Además de los ex titulares del organismo, entre los indagados por Bonadio estuvieron los ex funcionarios kirchneristas Gabriel Mariotto (por la supuesta falta de controles cuando presidió la Afsca) y Daniel Filmus (por un convenio que firmó como ministro de Educación). El juez también indagó a los directivos de productoras, fundaciones e instituciones que recibieron créditos para filmar películas y documentales.

Entre los nombres de esa lista sobresalieron los del senador Fernando "Pino" Solanas, el diputado massista Julio Raffo, y productores como Diego Guebel y Fernando Sokolowicz. Este último, ex dueño de Página 12, es titular del grupo Aleph, que recibió subsidios para 46 películas, entre ellas "Néstor Kirchner, la película" y fue uno de los mayores beneficiados. Según un informe de La Nación, Aleph encabezó la lista de los que recibieron subsidios entre 2008 y 2014 por casi 32 millones de pesos.

De todos modos, los más complicados serían los ex directivos del instituto y no tanto los productores de las películas.

Los subsidios cuestionados son conocidos en el ambiente como "3J", en referencia al artículo 3 inciso J de la Ley de Cine, que habilita al Incaa a otorgar fondos de manera directa para la realización de películas, cortometrajes o documentales.

La denuncia se basa en que muchos de esos subsidios se habrían entregado sin ningún control y en muchos casos se detectaron irregularidades en la rendición de cuentas por parte de los beneficiarios. Muchos productores habrían demostrado tener todo las rendiciones en tiempo y forma, lo que revela los problemas de controles administrativos en el Incaa. Incluso, en algunos casos ni siquiera estaba registrado si las películas se habían realizado tras la entrega de los subsidios.

En la industria se sospechaba además que la entrega de los fondos estaba organizada de manera tal que beneficiaba a ciertas productoras con mayor trayectoria en el mercado en detrimento de las nuevas, que debían someterse a procesos más complejos para acceder. La sospecha principal es que los mayores beneficiadas eran un grupo de productoras "amigas" del kirchnerismo.