Crean una subcomisión para investigar la filtración de las escuchas a Cristina
Una subcomisión especial investigará las filtraciones de las escuchas judiciales, tras un pedido de Oscar Parrilli por la difusión de sus conversaciones del año pasado con Cristina Kirchner.
El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) asistió hace 15 días a la Comisión Bicameral Permanente de Control de los Servicios de Inteligencia y exigió investigar el origen de las filtraciones ilegales, de las que nadie se hace cargo. Ni en la justicia, ni en la AFI, ni en la Casa Rosada.
Ante el reclamo, los legisladores crearon una subcomisión de cuatro miembros para investigar lo sucedido. La integrarán los senadores Marcelo Fuentes (FpV-PJ) y Roberto Basualdo (Interblqoue federal) y los diputados Teresa García (FpV-PJ) y Daniel Lipovetzky (Cambiemos).
Aunque aún no se acordó una agenda de trabajo, pronto podrían citar a funcionarios judiciales y a las autoridades de la agencia que dirige Gustavo Arribas, para pedir explicaciones.
La diputada kirchnerista Teresa García junto a Sergio Massa.
La primera charla entre Parrilli y Cristina se difundió en enero a través del programa radial de Luis Majul, pero luego llegaron varias más difundidas por Infobae con un extraño detalle: No eran acompañados de los audios. Así siguió desde entonces hasta hoy, donde inexplicablemente algunos medios publican "escuchas" que en rigor son supuestas desgrabaciones, cuya autenticidad no hay manera de verificar, ya que son ilegales.
Las escuchas a Parrilli fueron autorizadas por el juez Ariel Lijo en la causa que investigó un presunto encubrimiento al ex prófugo Iban Pérez Corradi, finalmente detenido. Los testimonios le valieron al neuquino una investigación por tráfico de influencias del fiscal Ramiro González.
Sin embargo, el 29 de junio del año pasado la jueza federal María Servini de Cubría le envió un documento al director de Asuntos Jurídicos de la AFI, José Padilla, reclamándole que dejara de intervenir la línea de Parrilli por cumplirse los plazos que prevé la ley de inteligencia para las denominadas "pre causas".
La bronca de Parrilli es que algunas de las últimas conversiones viralizadas fueron posteriores a ese requerimiento, que inició un duro enfrentamiento de Servini de Cubría con el Gobierno. Es decir, fueron completamente ilegales.
En su visita a la bicameral, el ex jefe de la AFI acusó a su sucesor Gustavo Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani, de facilitar los audios, por ser los denunciantes de la causa que originó las escuchas.
El proceso estuvo a cargo de Lijo, pero desde la asunción de Mauricio Macri el sistema de escuchas pertenece a la Corte Suprema, que para eso creó una Dirección de Asistencia judicial en delitos Complejos y crimen organizado.
En enero de 2016 nombró allí a los camaristas Martin Irurzun (Capital Federal) y Javier María Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia) y designó como director ejecutivo a Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario de Lijo.
A comienzos de este año los mandatos de Iruzun y Leal de Ibarra fueron prolongados por tres años pero no por la Corte Suprema sino por un decreto presidencial de Mauricio Macri, rechazado por la bicameral de trámite parlamentario.
De todos modos, el DNU está vigente hasta que el Congreso no lo rechace y por lo tanto la cúpula encargada de las ya populares escuchas de Cristina y Parrilli no sólo continúa a cargo del sistema, sino que lo hace con respaldo presidencial.
No sólo ex funcionarios fueron perjudicados por escuchas: en estos meses también trascendió una conversación del presidente de Boca Daniel Angelici presionando a la AFA por los arbitrajes.
Angelici es un reconocido operador judicial de Macri, denostado por Elisa Carrió y otros sectores del Gobierno, pero con funcionarios y legisladores cercanos.
Uno de ellos es el diputado Lipovetzky, parte de la comisión encargada de estudiar porqué se difunden conversaciones privadas y supuestamente protegidas por el Estado de Derecho.