La ley de responsabilidad empresaria, otra herramienta del Gobierno para atraer inversiones

La Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de responsabilidad penal empresaria, una de las promesas de Mauricio Macri en la apertura de sesiones, que en realidad es otra herramienta para atraer inversiones.

Ocurre que la norma es reclamada por la Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Grupo de los 20 (G20), entre otros.

Apunta a definir delitos penales a las personas jurídicas por delitos cometidos contra la Administración Pública y por cohecho transnacional, sin tener que apuntar directamente a sus titulares.

"Es una manera de garantizar las posibles inversiones de cientos de personas jurídicas dentro de nuestro país", lo presentó la radical Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de legislación penal, quien presidió el plenario de comisiones junto al macrista Daniel Lipovetzky, a cargo de Legislación Penal.

"Es una nueva transformación que tiene que ver con la posibilidad de que las personas jurídicas organicen sus procesos internos, que apliquen sanciones para la detección temprana de posibles maniobras delictivas que puedan llegar a desenvolverse dentro de las mismas", especificó Burgos.

Entre los invitados participaron el embajador de Chile, José Antonio Viera Gallo; los especialistas de la UBA Diego Luna y Daniel Vítolo; Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE); y Juan María Rodríguez Estévez, profesor y doctor en Derecho de la Universidad Austral.

A la lista se agregaron Santiago Fontán Balestra (IDEA); Jorge Valerga Aráoz, de la Cámara Argentina de la Construcción; y María Victoria Giuletti, de la UIA.

El dictamen recién llegaría en abril, tras varias jornadas de debate para pulir el texto original. "Esta ley permite tipificar delitos de lavado de dinero que de otra manera serían imposibles", contó Viera Gallo, autor de la ley en Chile, antes de ser embajador.

El proyecto fija criterios de imputación a una persona jurídica como la identificación del autor, la existencia o no de programas de control y supervisión creados en forma expresa por la norma y si el imputado se benefició o solo fue un beneficio propio.

Se crea un criterio de responsabilidad solidaria de sociedades controlantes y de responsabilidad sucesoria.

Además establece la independencia de acciones durante la investigación entre la persona jurídica y la persona física que lo realiza en su nombre, y así se puede lograr una condena a la persona jurídica aun cuando no haya sido posible identificar a dicha persona física.