Los movimientos sociales le sacaron la emergencia a Macri, pero igual se movilizan
El Gobierno nacional oficializó este viernes la reglamentación de la emergencia social pero los movimientos sociales advirtieron que siguen en pie las protestas y movilizaciones previstas para el miércoles próximo.
"A nosotros lo que nos preocupa son otras cosas", dijo Emilio Pérsico, titular del Movimiento Evita, en diálogo con Radio Continental. "La comida que antes ellos mandaban venía con leche y productos secos importantes que, ahora, no están", acusó Pérsico.
Los movimientos sociales iban a marchar el lunes 13 para celebrar el aniversario de la designación del Papa Francisco y reclamar la reglamentación que se demoraba desde diciembre, pero el propio Sumo Pontífice habría intercedido para frenar la movilización.
Sin embargo, marcharán el miércoles para denunciar que la ayuda alimentaria llega incompleta a los comedores comunitarios.
"Desde diciembre, no estamos recibiendo leche ni otras ayudas en los comedores", aseguró Pérsico, quien caracterizó los faltantes como un "plan de ajuste" de la administración nacional y consideró que "hay cuestiones básicas con las que el Gobierno no puede cumplir".
A modo de protesta, los movimientos nucleados en la CTEP, Barrios de Pie y CCC confirmaron que realizarán una "jornada nacional de lucha" con manifestaciones y ollas populares en distintos puntos del país contra el gobierno.
La Ley N° 27.345, aprobada en diciembre pasado, fue reglamentada a través del Decreto 159/2017, publicado en el Boletín Oficial, donde quedan detalladas las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, que funcionarán dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes "mediante acuerdo" podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de "organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia".
Un desastre
Por otro lado, el coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, cuestionó la demora de casi tres meses del Gobierno en reglamentar la ley cuando la situación "es un desastre" y advirtió que "hay una necesidad de establecer reclamos contundentes".
"La situación social es un desastre y el Gobierno no, no da pie con bola a la hora de poder modificar la situación que, de por sí, está muy difícil", explicó Menéndez en declaraciones a radio El Mundo.
La medida fue adoptada un día después del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que concluyó que en los primeros nueve meses de 2016 un millón y medio de personas cayó en la pobreza y 600 mil de ellos en la indigencia.
Menéndez también contó que este lunes iban a realizar una jornada de asambleas "para discutir las políticas sociales en relación con la tierra, el techo y el trabajo" en coincidencia con el cuarto aniversario de la designación del papa Francisco, pero finalmente sólo van a participar de una misa.
Además, ratificó que van a llevar sus reclamos "el miércoles a una jornada de lucha con más de mil ollas populares en todo el país para mostrar la cantidad de gente que concurre a nuestros comedores".
La extensión de la emergencia social hasta 2019 se reglamentó un día después de que se conoció a través de un informe de la UCA que en los primeros nueve meses de 2016 hay 1,5 millón de nuevos pobres, de los cuales 600 mil están en la indigencia.