El Gobierno aún no puede pedirle a la AGN que estudie el caso del Correo

Por pedido de los legisladores de Cambiemos, el miércoles se reunirá la comisión mixta revisora de cuentas para evaluar si le pide la Auditoría General de la Nación (AGN) estudiar el ahora anulado acuerdo entre el Gobierno y Franco Macri por la concesión del Correo Argentino.

Pero al menos hasta este jueves, el Gobierno, que exigió a través de Marcos Peña la intervención de la AGN, no se preocupó por reunir mayoría en la bicameral que le marca la agenda a ese organismo, como debió explicarle su presidente Oscar Lamberto al jefe de Gabinete.

La comisión tiene 12 miembros y sólo cuatro son de Cambiemos: los diputados Álvaro González y los diputados Luis Borsani y Mario Negri (UCR); y el senador Luis Naidenoff (UCR).

Necesitan al menos tres opositores para darle órdenes a Lamberto y uno debe ser del FpV-PJ, que cuenta con el presidente de la comisión, el senador José Mayans.

Lo acompañan sus pares Miguel Pichetto, Virginia García y Marcelo Fuentes; y los diputados Julio Solanas y Daniel Castegnetto. Los últimos 4 son kirchneristas puros.

Sergio Massa cuenta con la diputada Carla Pitiot y la comisión la completa el salteño Juan Carlos Romero. O sea, el Gobierno necesitaría de ambos y de Pichetto y/o Mayans para darle órdenes a Lamberto sin arrodillarse ante un legislador kirchnerista.

Ninguno de estos escenarios parece posible y por eso en el Congreso ya creen que la participación de la AGN puede quedar en el olvido, más aún cuando Macri anuló esta tarde el polémico acuerdo, como le habían exigido los diputados.

Pichetto y Mayans fueron los artífices de la llegada de Lamberto a la AGN cuando la justicia obligó a separar a Ricardo Echegaray y por lo tanto no faltarán conversaciones en estos días.

Lamberto aún duda sobre si realmente puede auditar la concesión de Sideco (la empresa de Franco Macri) en el Correo, porque el vínculo se encuentra en un proceso de quiebra e interviene el derecho privado.

El antecedente más similar es la quiebra de la empresa española Marsans cuando controlaba Aerolíneas Argentinas, aunque en ese caso la AGN se valió de una ley específica del Congreso para actuar. El Gobierno está en minoría para aspirar a tanto. Pero aún no lo sabe.