Imputaron a Macri y Aguad por el escándalo del Correo
El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el escandaloso acuerdo con el ex Correo Argentino SA del Grupo Socma, que según la fiscal que lo denunció implicaría una condonación de deuda de unos 4000 millones de manera inmediata, cifra que escalaría hasta los 70 mil millones si se extendiera la financiación hasta el 2033.
Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada de un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro, del kirchnerista Martín Sabatella.
Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado y del kirchnerismo que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral y otra que hizo la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA), ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Pero la primera denuncia recayó en la dupla Lijo-Zoni y se descuenta que absorberá a todas las demás.
Además de Macri y el ministro, también fue imputado el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, cuya legitimidad para actuar en el caso fue cuestionado por la fiscal del fuero Comercial Gabriela Boquín.
El fiscal Zoni dijo en su dictamen que ese funcionario "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel".
Sin que trascendieran las medidas que solicitó para impulsar la investigación ni se detallaran en base a qué delitos habrían incurrido los imputados, Zoni entendió que debía abrirse una investigación criminal "tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal" del Correo, que ya lleva 15 años de trámite y en la que "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".
Zoni pidió esclarecer qué responsabilidad penal le cabe a funcionarios públicos y particulares que intervinieron en forma directa o indirecta a lo largo de todo el proceso judicial, en el que "el interés público no habría sido protegido de la forma adecuada", dice el dictamen.
El fiscal también pido analizar el cambio de estrategia de defensa del Estado, en el concurso preventivo "mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal" y que se materializó con la intervención de Mocoroa, "un funcionario que carecía de la competencia para ello y designado por carácter transitorio".
El fiscal se remitió a las denuncias y el dictamen de su colega del fuero comercial, en donde "surge con claridad que Correo Argentino SA esta controlado por Sideco Americana SA, la cual a su vez es controlada por Socma Americana SA, cuyos accionistas serían integrantes de la familia del Presidente de la Nación; siendo usufructuario vitalicio de esas acciones el Sr. Francisco Macri; señalando finalmente una serie de actos jurídicos que evidenciarían que las referidas sociedades funcionan como grupo empresario".