El escándalo del Correo fractura el bloque de senadores radicales
El bloque de senadores radicales quedó dividido por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín sobre una supuesta condonación de 70 mil millones que Mauricio Macri le habría hecho a su padre en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino.
En diálogo con LPO el senador formoseño Luis Naidenoff, uno de los principales voceros de la bancada, cuestionó a su par Julio Cobos por haber defendido el fallo de la fiscal.
“Fue una declaración apresurada. Le falta información sobre las particularidades de los concursos y quiebras”, lo cruzó.
El mendocino respaldó sobre todo el cuestionamiento de la fiscal al rol de Juan Carlos Mocoroa, quien cerró el acuerdo pese a ser un interino director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, cercano Oscar Aguad.
No es la primera vez que Cobos es crítico del Gobierno: fue el primer radical en pedir interpelar al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ni bien conocido el giro de fondos a una cuenta suya en Suiza realizado por un cambista vinculado a la constructora Odebrecht preso por coimero. Un escándalo que sigue sin aclararse.
Para Naidenoff, la demora en acordar un pago sólo favorecía a los accionistas del Correo, porque licuaba su pasivo mientras pasaba el tiempo. Un razonamiento que distintos economistas han respaldado, al tiempo que también denuncian que es escandalosa la licuación que ahora convalido el gobierno de Macri.
“El Estado nacional tenía que celebrar un acuerdo para terminar de beneficiar a Correos por la licuación”, afirmó Naidenoff a este medio.
“Muchos plantean un conflicto de intereses o de ética, pero debe primer el sentido de responsabilidad: si no haces un acuerdo favoreces al propio Correo. La condonación es la del origen del proceso de quiebra”, insistió.
La fiscal Boquín no lo entiende así y en su dictamen consideró que las ofertas de Socma son justamente el artilugio para demorar la definición y “continuar usufructuando de los beneficios de una ley a costa de los acreedores”, además de demorar un proceso penal, que ya no ocurrirá.
Y consideró la propuesta aceptada por el Gobierno es “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Se basa en que “sin apoyatura técnica” el arreglo resulta menos beneficioso para el Estado que el de las ofertas realizadas por Franco Macri cuando Néstor Kirchner le quitó la concesión.