Ruptura en la CGT por la negociación de Ganancias
La negociación por la reforma de Ganancias se complicó por la virtual ruptura de la conducción de la CGT, que según el cronograma oficial el lunes debería acordar un proyecto con funcionarios y líderes legislativos para sancionarlo antes de fin de año.
Pero los gremios no están nada dóciles: Juan Carlos Schmid, miembro del triunvirato de la CGT, anunció para el mismo lunes asambleas sorpresivas de los gremios de transporte en reclamo para deducir del impuesto a las Ganancias las horas extras, que golpean a la mayoría de sus afiliados. "Convocaron a un paro nacional del transporte, sin convocar a un paro", explicó a LPO una fuente al tanto de las negociaciones, que anticipa un lunes de caos.
La belicosidad de Schmid no varió tras la reunión de este miércoles de Mauricio Macri con Hugo Moyano en Olivos. El presidente tal vez había olvidado que un día antes el hijo Pablo lo había denostado en el Senado, por haber rechazado el acuerdo opositor por Ganancias.
El ex jefe de la CGT tampoco tiene simpatía con Macri como para ayudarlo. Le recrimina haber bloqueado su carrera para presidir la AFA, un objetivo que se trazó ni bien dio un paso al costado en la conducción gremial. El presidente prefirió a Armando Pérez.
Schmid incrementó la línea confortativa moyanista: además de sumarse al paro de transporte este viernes no fue al sindicato de Sanidad a reunirse con el coordinador de Gabinete Mario Quintana y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Allí estuvieron el anfitrión Héctor Daer y Carlos Acuña (estaciones de servicio), los otros dos miembros de la conducción, junto a Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Se avanzó en un primer trazo de acuerdo, que fue derivado al titular de la AFIP, Alberto Abad, para que calcule durante el fin de semana el costo fiscal.
Pero las negociaciones siguen complicadas, aunque el Gobierno cedió. Acepta elevar el mínimo no imponible de los 32 mil pesos brutos de su proyecto original (para casados con dos hijos) a 37 mil, aun por debajo del texto opositor, que lo lleva a 44 mil.
Triaca y Quintana, el dúo del Gobierno encargado de cerrar el acuerdo con los sindicatos.
El problema es que a cambio de subir el piso del mínimo no imponible a cerca de los 37 mil o 38 mil pesos, los sindicatos que sí se reunieron con Quintana y Triaca aceptan resignar deducciones y esto generó dos bandos diferentes en el sindicalismo.
Mientras que las actividades con salarios más bajos podrían darse por satisfechos con un mínimo imponible de 37 mil pesos brutos, al resto sólo le cierra con un mix de deducciones.
El Gobierno acepta sumar los viáticos con un tope, pero es más rígido con las horas extras: además de un límite, busca ser más específico en su definición.
“Quieren que las horas extras no abarquen tareas donde resultan obligatorias y son parte central del sueldo. Este es un problema grave con los gremios de transporte y no será fácil solucionarlo”, admitió a LPO una fuente sindical.
Otra deducción que se discute es la del aguinaldo, una sorpresa porque se consideraba casi un derecho adquirido por la costumbre de exceptuarlo de Ganancias cada julio y diciembre. La última vez fue el martes.
“Es una buena carta de negociación porque se trata de una deducción que impacta por igual a todas las actividades. Pero el gobierno se lo quiere reservar como un arma propia para cada fin de semestre”, se lamentaban algunos legisladores, al tanto de las negociaciones.
En paralelo a la cumbre de Sanidad, referentes del peronismo opositor volvieron a hacer números en el Congreso, a la espera de una propuesta oficial que nunca llegó.
Hubo reuniones de los diputados Diego Bossio (Bloque Justicialista) y Marco Lavagna (Frente Renovador), técnicos facilitados por el senador Miguel Pichetto y sindicalistas, que llegaron a hacer la cuenta habitual en todas las mesas de negociación: el mínimo imponible y las deducciones. Varios hablaron ahí mismo con los gremialistas que negociaban con Triaca y Quintana.
Ninguno estaba conforme con el proyecto del senador Rodolfo Urtubey, que el Gobierno se adjudicaba como propio el martes y llegó a anunciarlo como posible dictamen de minoría en el Senado.
“Lleva el mínimo imponible a 48 mil pesos con escalas diferentes y sin deducciones. Y encima aprovecha a reducir los impuestos al tabaco”, se escuchó en la reunión, donde no hubo referentes del kirchnerismo de Diputados, el único que por ahora no fue invitado al cónclave final del lunes en la Casa Rosada.
El problema común es que por ahora el Gobierno no mostró otro texto y nadie sabe que propondrá Quintana y Rogelio Frigerio ese día, cuando legisladores y sindicalistas lleguen expectantes. En Diputados hablan de una sesión para el 28 de diciembre para sancionar la ley, pero aun no la convocaron.
Pero tal vez la incógnita mayor es cómo cumplirá su objetivo de no excederse de los 35 mil millones de impacto fiscal, cuando las negociaciones pasan por aumentar los beneficios y excluir los impuestos aprobados en el proyecto de Diputados, como la renta financiera y las retenciones a la minería.
Intenta compensarlo con una presión al juego mayor: mantiene la idea de gravar las máquinas tragamonedas y las apuestas, que en la oposición no creen posible por ser una facultad de las provincias. “Cualquier juez lo declarará inconstitucional. Pero ellos insisten”, se resignaban.
En el Gobierno creen que recaudarán 9000 millones del juego y en la oposición sostienen que, con los márgenes de negociación fijados esta tarde, el impacto fiscal alcanzaría 70 mil millones. “Sin nuevos impuestos, el anhelo de Macri estará lejos. Cuesta entenderlos”, admitían.