Cristina contraataca y pide la indagatoria de Nicky Caputo, Torello y Quintana
La pelea judicial entre el Gobierno y Cristina Kirchner está al rojo vivo. Tras estallar de furia por la denuncia contra su mamá y luego de quedar a un paso del primer juicio oral en su contra, la ex presidenta contraatacó y pidió la indagatoria del círculo íntimo de Mauricio Macri.
A través de su abogado, Carlos Beraldi solicitó que sean citados a declaración indagatoria dos de los hombres más cercanos a Macri: sus amigos el empresario Nicolás "Nicky" Caputo y el jefe de asesores José Torello. También pidió la misma medida para dos funcionarios clave del gobierno: los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. La solicitud incluye también al secretario de Finanzas, Luis Caputo.
Según Cristina y su abogado, los funcionarios y el empresario amigo de Macri fueron beneficiados con varios millones de pesos por la devaluación que hizo el Gobierno y la posterior liquidación de los contratos de dólar futuro.
El pedido lo hizo ante el juez federal Sergio Torres, que investiga una causa paralela a la del dólar futuro que lleva adelante Claudio Bonadio y por la que Cristina está a un paso del juicio oral luego de que la semana pasada la Cámara Federal ratificó su procesamiento.
El juez federal Claudio Bonadío.
Torres abrió esta causa a partir de una denuncia presentada por diputados ultrakirchneristas (a la que Cristina se sumó como querellante) contra Bonadio y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por presunta "administración infiel en perjuicio de la administración pública" por haber modificado las condiciones de los contratos de dólar futuro. Además, acusaron al juez de cometer "prevaricato" y "estafa procesal".
En el escrito, Cristina señala a los funcionarios (a quienes se acusa por haber sido hasta diciembre ejecutivos de empresas que compraron dólar futuro) y empresarios "afines" a Macri como "adquirentes de contratos de dólar futuro por valores millonarios" en lo que entendió como "un verdadero escándalo jurídico". Dice, además, que todos los involucrados fueron "beneficiarios directos del supuesto delito de defraudación por administración infiel".
El abogado Beraldi se basó en el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de la ex presidenta, y sostuvo que ese tribunal "ha convalidado el presunto carácter delictivo de la operatoria financiera". Y se quejó porque "quienes resultan sus beneficiarios directos, luego de ser dispuesta por ellos mismos la devaluación de la moneda y además haber negociado el valor de liquidación de tales contratos, permanezcan sin dar las explicaciones que corresponden ante la justicia".
En esta causa, el fiscal federal Jorge Di Lello impulsó la investigación y entre las medidas de prueba que pidió figura un informe del Banco Central con todos los adquirentes físicos y empresas que realizaron operaciones de compra de dólar futuro entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre de 2015.