Mendoza

La mano derecha de Cornejo enfrenta una denuncia que golpea a YPF

Es por el cuestionado doble rol del ministro Enrique Vaquié en el Gobierno e YPF.

El doble rol de Enrique Vaquié, el más poderoso de los colaboradores de Alfredo Cornejo, siempre hizo ruido puertas adentro del Gobierno mendocino. Por un lado, porque el ex diputado nacional ocupa un megaministerio que se denomina de Economía, Infraestructura y Energía, pero además es el representante de la provincia en el Directorio de YPF.

“Tarde o temprano iba a pasar, porque es evidente que hay conflicto”, se sinceró una fuente del Ejecutivo mendocino cuando salió a la luz una denuncia penal contra Vaquié por “abuso de autoridad en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

La presentación la realizó la familia Caraganópolus, patrocinada por el abogado José Antonio Rubio, ante la Unidad Fiscal de Capital, a cargo de Gustavo Pirrello. Tiene que ver, básicamente, con que Vaquié tiene tanto el rol de controlar las actividades de la petrolera –de él depende la Secretaría de Energía– pero a su vez es parte de su Directorio.

En el caso puntual, la familia Caraganópolus realizó la denuncia porque Vaquié autorizó a YPF a realizar una calle de servidumbre para llegar a pozos petroleros en el departamento de Rivadavia, al Este de Mendoza, pasando por propiedades del clan denunciante.

En ese sentido, los denunciantes indicaron que el ministro Vaquié “no se excusó de intervenir en el trámite administrativo que involucra a petrolera”, según cita el diario El Sol, y consideraron como “más grave aún” que el funcionario constituyó una servidumbre administrativa a favor de esa empresa petrolera.

Para los propietarios del terreno, la mano derecha de Cornejo violó los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica de Ministerios (Ley provincial 8.830).

Por el momento, la presentación judicial no ha avanzado, pero sí ha alarmado tanto a Cornejo como a YPF, según trascendió en los pasillos de la Gobernación cuando se tomó conocimiento que estaba a punto de hacerse pública. No obstante, más allá de alguna explicación técnica, no ha habido respuesta política por parte del Ejecutivo ni tampoco de YPF.