Morales desafía a la ONU y dice que es "liviano" el pedido para que libere a Milagro Sala
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que "es bastante liviana la opinión" del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que reclamó al Estado argentino "liberar de inmediato" a Milagro Sala por considerar que su privación de la libertad es "arbitraria".
"Para mí es bastante liviana la opinión porque afirmar que está presa por el acampe y desconocer que se robaron 29 millones de pesos, que hemos visto todos los argentinos, no se ajusta a la verdad", expresó hoy el mandatario jujeño en declaraciones a la prensa.
Según Morales, el Grupo de Trabajo de la ONU "tomó como válido" que la detención de Milagro Sala desde enero último fue a causa del acampe de protesta de cooperativistas frente a la sede del gobierno provincial encabezado a comienzos de este año por la organización Túpac Amaru, que ella lidera.
"Hay desconocimiento de situaciones, cerraron un informe a abril por lo que no tienen toda la historia. Desconocen que ya es cosa juzgada, que no tienen fueros los parlamentarios del Mercosur y además hay dos prisiones preventivas dictadas (contra Milagro Sala) en causas, hay una megacausa, así que me parece que no han contado con toda la información", argumentó el gobernador de Jujuy.
En consecuencia, agregó Morales, la resolución que adoptó sobre Milagro Sala "desacredita al Grupo de Trabajo porque se sostiene de premisas que son falsas".
"Casi diría que la línea argumental es la de la presentación del Cels", añadió respecto del Centro de Estudios Legales y Sociales que denunció el caso ante el Grupo de Trabajo junto a Amnistía Internacional (AI) y la agrupación Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
Sobre el mismo tema, el Cels, AI y Andhes refirmaron hoy que en su resolución "el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizamos la denuncia internacional como por el propio Estado, y concluyó que 'la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria' y que debe ser liberada".
Morales sostuvo finalmente que la resolución aludida "se trata de una opinión que luego se reporta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no es vinculante, con lo que no genera ningún tipo de obligación sobre el estado argentino o sobre el poder judicial".
Pedido de Amnistía y el Cels
Los organismos de derechos humanos Amnistía Internacional, Andhes y CELS pidieron hoy al Estado argentino "que informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que le solicitó liberar de inmediato a Milagro Sala".
"Para tomar esta decisión el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizamos la denuncia internacional como por el propio Estado, y concluyó que 'la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria' y que debe ser liberada", señalaron los tres organismos en un comunicado.
Según el mismo texto, que resumió una nota enviada a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el Grupo de Trabajo "también le encomendó al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de la resolución".
Entre las mismas se incluyen la fecha de su liberación, si ha tenido lugar algún tipo de reparación, si se ha “llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de la señora Sala” y con qué resultados, y qué medidas se tomaron "para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional".
"La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país", argumentaron los tres organismos.
En consecuencia, sostuvieron que "su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino".
"Por otra parte, ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa para incumplir que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones", porque "tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes", argumentaron en la nota dirigida a Malcorra y Avruj.