El gobierno consiguió dictamen de la ley que pidieron los empresarios en el mini Davos
Un plenario de comisiones del Senado le dictamen al proyecto del Gobierno que crea un régimen de participación público y privado y favorece las inversiones, una ley que los empresarios reclamaron este martes en la primera jornada del “mini Davos” de Mauricio Macri.
En medio del Foro de Inversión y Negocios que se lleva a cabo en el Centro Cultural Kirchner, las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, y de Infraestructura Vivienda y Transportes, presididas por el radical Alfredo Martínez y el peronista Carlos Espínola, le dieron despacho a la iniciativa que será tratada en el recinto la semana que viene.
El presidente quería utilizarlo como carta de ofrenda para los empresarios extranjeras que visitan el Centro Cultural Kirchner este mismo martes, pero no consiguió las firmas la semana pasada porque el radial Julio Cobos se negó a firmar el despacho, tal como explicó LPO.
Macri busca atraer inversiones de los empresarios que están de visita esta semana y el proyecto, adelantado por LPO, que redactó su asesor Horacio Reyser, especializado en inversión extranjera, les da mayores garantías a los empresarios de obra pública con una menor regulación.
Recién hoy el Senado emitió dictamen y podría ser tarde para las ambiciones de Macri, quien busca atraer inversiones en infraestructura, tanto en escuelas y hospitales, como autopistas, obras de energía y servicios.
El proyecto plantea que las empresas, a partir de las controversias que podrían llegar a aparecer en los contratos, “podrán determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje". Es decir que podrán hacer juicios en tribunales internacionales, a diferencia del régimen de obra pública que solo permite la instancia de litigio sea en la jurisdicción local.
Además, el contratista podría suspender temporariamente la ejecución del contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. También permite subcontrataciones y transferir el contrato a otra empresa una vez que se haya cumplido el 20% del plazo original.
En ningún momento obliga al Gobierno a publicar la licitación pública y quien la ganó en el boletín oficial, algo que sí estaba en el régimen de obra pública.