Cruces en Mendoza por un plan para descontarles parte del sueldo a funcionarios "desprolijos"
En público apoyan, pero en privado los funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo braman de furia contra el fiscal de Estado, el peronista Fernando Simón.
Es que a Simón se le ocurrió la idea de que se cumpla la ley. Más precisamente la norma provincial 1.003, la que rige el funcionamiento y le da las atribuciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El órgano autárquico revisa las cuentas de todas las dependencias del Estado, incluidas las municipalidades, y, siempre tras dos o tres años, emite las resoluciones correspondientes a funcionarios que no le cerraron los números. Esto es que se encontraron desfasajes contables –siempre falta, nunca sobre plata– o hubo gastos sin rendir o asentar. Cuando el problema es claramente administrativo, se multa al funcionario o empleado responsable para que devuelva el dinero faltante, con intereses.
Pues hasta ahora era muy difícil concretar ese gasto, principalmente porque la auditoría por lo general se termina y sus conclusiones quedan firmes, una vez que el responsable dejó de serlo.
Es por esto que Simón releyó la ley, y en el artículo 44 se establece la posibilidad de descontar hasta el 20% del sueldo mensual en concepto de cobro de una multa del Tribunal de Cuentas.
Simón detalló que la intención es que se cumplan efectivamente los fallos del tribunal, y que el Estado recupere el dinero faltante.
Ahora, junto a la Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda, el fiscal de Estado avanzará en un código de descuento por bono para poder hacer efectivo el descuento.
Bronca
Por el lado del Gobierno provincial, en público, los ministros de Cornejo dicen que apoyan la medida “principalmente porque lo dice la ley”, pero nada bien ha caído la decisión de Simón.
“Claro, lo hace ahora, ¿por qué no planteó el descuento por bono apenas asumió?”, es la chicana de los radicales. Es que Simón es peronista, fue titular de la Secretaría Legal y Técnica durante la Gobernación de Celso Jaque (2007-2011) y luego legislador provincial por el FpV.
A su vez, cuando quedó vacante el cargo de fiscal de Estado, Paco Pérez lo propuso. En ese momento, los radicales sólo cuestionaron su pertenencia partidaria, pero nadie su honestidad, pergaminos académicos y preparación para el cargo.
Hoy, las posiciones han cambiado: Simón es el fiscal de Estado de un gobierno que no es de su signo político, quizás la mejor cualidad para estar frente del más importante organismo de control y defensor de los intereses del Estado mendocino.