Dietrich confirmó la millonaria concesión a Maesk y la competencia denunció irregularidades

La polémica licitación de los remolcadores delos barcos de GNL que arriban a los puertos de Bahía Blanca y Escobar que llevaadelante la empresa estatal Enarsa registró dos novedades relevantes.

Por un lado, el ministro de Transporte,Guillermo Dietrich confirmó que el contrato de los remolques que implica unnegocio anual de 50 millones de dólares ya fue adjudicado a la sociedad queintegran el grupo naviero danés Maersk y la local Logística y ServiciosMarítimos (LSMSA) de la familia Samarín.

Y por otro lado, la empresa Transona -quehabía quedado relegada al segundo lugar por una diferencia de precios de 8 %- acudió a la Justicia para denunciar la existencia de una serie deirregularidades y el direccionamiento de la licitación a favor del gigantemarítimo Maersk.

Tras reconocer esta mañana en el programa de radio de Jorge Lanata que la Oficina Anticorrupción (OA) intervino en el contrato ante las denuncias, como anticipó LPO, Dietrich sostuvoque la oferta presentada por Maersk y LSMSA implica una reducción tarifaria del36% y un ahorro de 225 millones de pesos anuales con respecto a los sobrecostosque venía pagando Enarsa.

Si bien reconoció que el organismo queconduce Laura Alonso tomó cartas en el asunto, el ministro indicó que sucartera y Energía le enviaron a la OA la documentación que había requerido paraanalizar las denuncias y los cuestionamientos que recayeron sobre el procesolicitatorio.

Aunque Dietrich no lo haya admitido, elexpediente de la OA que quedó a cargo del Investigador Principal, Lucas Trigo terminódemorando más de un mes la adjudicación definitiva del contrato a Maersk que inicialmentehabía estado pautada para fines de julio.

Actualmente, Maersk –que a nivel mundialconcentra casi el 20% del tráfico de contenedores—tiene la concesión para operarhasta 2019 la terminal 4 del puerto de Buenos Aires y es una de las principaleslíneas marítimas que moviliza las cargas de importación y exportación del país.

Casi al mismo tiempo en que Dietrich salió adefender la licitación piloteada por Enarsa –una compañía estatal que no estáen la órbita de su ministerio--, la empresa de remolcadores Transona procedió a“judicializar” el tema con una acción de amparo y una medida cautelar que apuntana frenar la instrumentación del contrato.

Las presentaciones --que quedaron radicadasen el Juzgado Civil y Comercial Federal Número 7 a cargo de Bibiana AdrianaPérez—pusieron de relieve cuatro aspectos clave de la oferta de Maersk que nose ajustaron al pliego y que los funcionarios de Enarsa dieron por válidos:

--La propuesta y la rebaja tarifaria deMaersk y LSMSA estuvo condicionada a dos variantes que no estaban contempladasen las reglas de juego: un contrato por 24 meses y la doble operación de lospuertos de Bahía Blanca y Escobar.

--Los trece remolcadores ofrecidos por Maerskno estaban matriculados en la Prefectura Naval al momento de presentación de laoferta, tal como exigían las bases y condiciones de la licitación.

--Si bien LSMSA es una empresa nacional, loque ofrece para remolque son unidades extranjeras que no se encuentraninscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino.

--La oferta también violó la ley de cabotajeque establece que la navegación, comunicación y comercio internos seránpracticados únicamente por barcos argentinos. En caso de que no haya barcoslocales, las unidades afectadas al servicio deben contar con permisosexcepcionales otorgados en forma previa, requisito que los remolcadores usadosque propuso traer del exterior Maersk no tienen cumplido.

Además de la movida de Transona, lacuestionada licitación de los remolcadores arrastra otra denuncia deirregularidades y pago de sobrecostos marítimos y portuarios afrontados porEnarsa.

Según las presentaciones efectuadas por laCámara de Lanchas de Prácticos, la Cámara de Practicaje y Pilotaje, la CámaraSantafecina de la Industria Naval y la Mesa de Unión Naviera; la actualconducción de Enarsa que encabeza Hugo Balboa no procedió a revisar laestructura de los sobrecostos portuarios y marítimos de los barcos de GNL quesido había diseñada durante la administración kirchnerista por la agencia marítimaMeridian que también pertenece a la familia Samarín.

Además de consignar que se siguen contratandomás remolcadores de los necesarios, las entidades advirtieron que la agencia deSamarin nunca le habría trasladado a Enarsa—que era la que pagaba todos losgastos—las bonificaciones del orden de 150.000 dólares que obtenía de lasempresas de remolque y practicaje por cada barco de GNL que ingresó al país enlos últimos años.

Meridian aparece involucrada en la causa enque fue procesado el ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez por maniobrasfraudulentas y desvío de fondos de la entidad gremial.

Según las pruebas reunidas en la causa contraSuárez que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral,Meridian—actuando por cuenta y orden de Enarsa—desvió el pago de una factura decasi 2 millones de dólares por cursos de capacitación que debía ir para laFundación Azul del gremio a la pesquera privada San Jorge Marítima que tieneentre sus dueños al ex líder del SOMU.