La propuesta de modificación de la Ley de Glaciares presentada no es un ajuste técnico ni una actualización menor. Es un cambio profundo que vulnera el espíritu de la normativa y pone en riesgo uno de los bienes más estratégicos de nuestro país: el agua. En un contexto de crisis climática y de creciente estrés hídrico, debilitar la protección de glaciares y del ambiente periglacial implica avanzar en sentido contrario a lo que la ciencia y el interés público indican.

Proteger a los glaciares y al ambiente periglacial no es una consigna ambiental abstracta e injustificada. Modificar la Ley de Glaciares implica poner en riesgo el agua que llega de manera directa a millones de personas y avanzar en una regresión ambiental que nuestra Constitución no permite. Ninguna reforma puede reducir los niveles de protección ya alcanzados.

La reforma que se impulsa para una aprobación acelerada en el Senado no elimina formalmente la Ley de Glaciares, pero la desarma completamente desde adentro. Los glaciares y el ambiente periglacial pasarían a depender de una evaluación administrativa: que una autoridad provincial decida si cumplen una supuesta "función hídrica" para seguir bajo el amparo de la ley. Si esa función no se reconoce, el glaciar queda fuera del alcance de la ley.

Esto significa que incluso glaciares inventariados podrían perder protección y que el ambiente periglacial quedaría extremadamente fragmentado. La decisión sobre qué se protege y qué no pasaría de una política ambiental nacional y preventiva a evaluaciones caso por caso, atravesadas por intereses económicos y presiones políticas locales.

El proyecto también redefine las actividades prohibidas, condicionándolas a una supuesta "alteración relevante", un concepto que la ley actualmente no define. La evaluación de impacto ambiental pasa así de ser una herramienta de control a convertirse en el filtro que habilita intervenciones, algo que la experiencia argentina demuestra que debilita -no fortalece- la protección ambiental.

La crisis climática no es ideología: es una realidad comprobada por la comunidad científica a nivel mundial que ya impacta fuertemente en nuestro país. Frente a este escenario, necesitamos más protección para nuestras reservas de agua dulce, no menos. Cuando el riesgo aumenta, las normativas se fortalecen, no se destruyen.

Está normativa ejemplar en el mundo no es un obstáculo para el desarrollo, sino una de sus condiciones básicas. Garantiza el agua y, con ella, la posibilidad misma de sostener la vida y las actividades productivas. El desarrollo serio y sostenible no se construye priorizando una sola dimensión en detrimento de las otras: economía, sociedad y ambiente forman un sistema inseparable. Cuando se debilita alguno de esos pilares, el conjunto se vuelve inviable. Sin agua no hay ecosistemas sanos, no hay producción posible ni bienestar social duradero.

La Ley de Glaciares nació de la movilización social y de la voluntad popular de defender el agua. Cualquier intento de modificarla no puede tratarse como un ajuste técnico menor ni resolverse a puertas cerradas. Una ley que se conquistó con participación social masiva sólo puede discutirse con el mismo nivel de debate público, transparencia y escucha. Y hoy, esa misma participación ciudadana vuelve a ser clave.

Está en juego algo básico y común a todos: el derecho al agua y la responsabilidad de cuidarla. La ley de glaciares no se toca, porque cuando el agua deja de ser un límite, lo que se pone en riesgo es nuestro futuro.