La irregular situación del Puerto de Buenos Aires, que sigue funcionando bajo un régimen cartelizado gracias a las prórrogas de las concesiones dictadas por decreto por Alberto Fernández poco antes de dejar el poder, sumó un nuevo capítulo.

El protagonista es Manuel Delgado, nuevo CEO de APM Terminal del Grupo Maersk, una de las empresas señaladas como miembro del "Club del Puerto", quien en recientes declaraciones a medios para celebrar su debut en el cargo, afirmó que de cara al futuro "continuarán enfocándose en la eficiencia del servicio y en acelerar el crecimiento aprovechando la incorporación de la Terminal 5".

Lo llamativo es que esa "incorporación" no es otra cosa que una polémica adjudicación directa por parte de la AGP de nada menos que 37 hectáreas propiedad del Estado Argentino sin el debido proceso licitatorio y sin ninguna contraprestación. Es decir se le mejoró las condiciones de operación a Maersk, negándole al resto de las compañías del sector, la posibilidad de competir por dicha terminal y al Estado Argentino la posibilidad de generar mejoras de infraestructura a través de una licitación con cargo entre todas las empresas del sector que hubieran estado interesadas en participar.

Desde que asumió Milei prácticamente se mantiene sin modificaciones la estructura de conducción de la AGP que tenía durante el gobierno de Alberto.

Otro escándalo de Alberto: justo antes de dejar el poder aseguró por decreto el negocio del puerto a dos empresas 

Siguen en funciones los mismo funcionarios que impulsaron el decreto 299 de Alberto Fernández que le concedió a APM Terminal del Grupo Maersk y a TRP de Dubai Ports una nueva prórroga de 3 años con una extensión "automática" de otros 3 años tal como reza el "Acuerdo de Adecuación contractual" de las terminales en el decreto.

Por eso, en los otros operadores del puerto causaron indignación las declaraciones del nuevo CEO de APM, que se consideran perjudicados por el decreto de Alberto. 

En especial, se han manifestado en términos muy duros el grupo integrado por los ex trabajadores de BACTSA, antigua operadora de la Terminal 5, desplazada por lo que entienden fue un fuerte lobby de sus competidoras, con la participación de los funcionarios de la AGP y el silencio de la cúpula sindical.