El plan de obras millonario para la ciudad de Buenos Aires que Mauricio Macri definió por decreto antes del receso invernal está pendido de un hilo, porque Sergio Massa se niega a avalarlo en el Congreso.

Si ese trámite, el DNU 797 se podría aplicar pero no está firme, porque tarde o temprano ambas Cámaras pueden rechazarlo y obligar a Macri a suspender el ambicioso plan de infraestructura que diseñó, en su mayoría para la Ciudad, la Provincia o municipios gobernadores por Cambiemos.

Pero tal como explicó LPO, la administración de Horacio Rodríguez Larreta es por lejos la más favorecida, con el financiamiento de obras emblemáticas como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Y hasta trabajos menores con gastos voluptuosas: como los 2700 millones previstos para carriles exclusivos, repavimentación y veredas, o los 1100 en ciclovías y bicisendas.

Muchas de esas licitaciones, como el soterramiento del Sarmiento, están pendientes y favorecieron a ECSA de Angelo Calcaterra, primo del presidente, quien anunció que su compañía está en venta, aunque tenga mucho trabajo por delante.

Macri presionó al Congreso para tener este decreto aprobado cuanto antes, pero chocó con la resistencia de Massa y su diputado Raúl Pérez, miembro de la bicameral de trámite parlamentario, encargada de tratar los decretos.

Cambiemos suspendió tres veces la reunión de la comisión, la última para esta semana, cuando Pérez ya tenía redactado el dictamen de rechazo por si la reunión se hacía.

La primera arremetida del Gobierno para obtener dictamen fue a los pocos días de conocerse el decreto, antes del receso invernal, cuando también convocó a la bicameral, pero Pérez le aclaró a Nicolás Massot que no iría a levantar la mano.

Su rechazo es crucial, porque sin el massismo, Cambiemos no puede garantizar una mayoría en la Cámara de Diputados y el DNU sigue en un limbo.

Las que regulan esa herramienta han dejado grietas que los Gobiernos suelen aprovechar. Por ejemplo, como sólo pueden invalidarse con el rechazo de ambas cámaras, si al menos una lo avala el presidente puede aplicarlo sin riesgo.

Fue lo que ocurrió con el DNU que eliminó la ley de medios y creó la Enacom, apoyado por el Frente Renovador en comisión y en Diputados. Con el decreto que le asigna obras públicas a Calcaterra Macri no tiene la misma suerte y menos puede confiar en el Senado, donde los emisarios de los gobernadores no tardarían en pedir rutas y planes hidráulicos.

Con la demora, el debate por esta cuantiosa inversión en la zona metropolitana se colará con el del presupuesto de 2017, cuya presentación oficial será el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. Nadie imagina una discusión rápida.