El Senado sancionó la ley de “reparación histórica a los jubilados”, un megaproyecto para cancelar los juicios previsionales, habilitar un blanqueo de capitales y ratificar acuerdos con los gobernadores para reintegrar el 15% de la coparticipación.

Sólo este último detalle garantizaba el apoyo del grueso del bloque FpV-PJ, cercano a los mandatarios provinciales. Y la ley fue aprobada por 55 votos a favor y 11 en contra, todos de kirchneristas, que habían emitido un dictamen propio.

“Dimos durante nuestro gobierno la posibilidad de que los que se llevaron el dinero lo traigan, y no fue exitoso”, fue la autocrítica de la santacruceña María Ester Labado.

Su coterránea Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, apuntó a la intención manifiesta de vender las acciones del Fondo de Garantías de Seguridad Social. "¿En manos de quién van a quedar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de los Quintana, de los Aranguren, Pegasus, Farmacity?", ironizó.

Las camporistas Anabel Sagasti y María de los Ángeles Sacnun, miembro informante del único dictamen de minoría, hicieron hincapié en que difícilmente el gobierno logre recaudar los fondos necesarios para pagarle a los 2 millones y medio de jubilados con derecho a cobrar el reajuste definido en fallos de la Corte.

Ese grupo se divide entre quienes tienen sentencia firme (50 mil casos), quienes iniciaron juicio y quienes tendrían derecho a hacerlo. La ley prevé una propuesta de pago para cada caso.

Otros puntos son la pensión a la vejez para personas de 65 años y la continuidad de la moratoria previsional, pero sólo por tres años.

También votaron en contra la neuquina Lucila Crexell y la misionera Sandra Giménez, ya con bloque propio. Entre los K rebeldes estuvo Ruperto Godoy, el sanjuanino que la semana pasada aprobó los pliegos de la Corte.

En el FpV-PJ no abundó el optimismo. “No creo que se termine el proceso de judicialización”, sostuvo Miguel Pichetto. El jujeño Walter Barrionuevo recordó que compromiso de Quintana de no vender acciones el FGS y el único compinche con Cambiemos fue una vez más el salteño Rodolfo Urtubey.

Disciplinado, el hermano del gobernador de Salta defendió el paso de la UIF a Economía, incluido de sorpresa en la votación en particular de Diputados. “Allí se puede investigar el lavado en contacto directo con el Banco Central”, fue su excusa.

El jefe del bloque radical, Ángel Rozas, enfatizó que “esta trascendente iniciativa pone a prueba el carácter social y federal del Gobierno nacional y viene a saldar con sensatez y equidad las deudas internas más serias que tenemos los argentinos, con los juicios de los jubilados por una parte, y con las provincias por otra”.

La puntana Liliana Negre advirtió que nunca votó "un blanqueo, porque los blanqueos son para los evasores, pero esta vez tiene una asignación específica para el pago a los jubilados", en tanto el chubutense Mario Pais señaló que "este proyecto debió ser materia de tres leyes diferentes".

Negre de Alonso, como Adolfo Rodríguez Saá, debían proteger a su gobernador, porque además del acuerdo por coparticipación el proyecto subvenciona las cajas jubilatorias provinciales, todo un logro que no se iba a despreciar.