A sólo 4 días de haber asumido como presidente, Mauricio Macri se puso serio ante cúpula de la UIA, que brindaba por su llegada en la quinta de Olivos: “Por más que no tenemos ningún Moreno ni lo vamos a tener, como gobierno tenemos las herramientas necesarias para corregir cualquier abuso de precios”, buscó intimidarlos.

Pasado casi medio año de aquel brindis, los aliados del Gobierno creen que Macri estaba equivocado: Elisa Carrió y Mario Negri presentaron proyectos para supervisar más de cerca a los formadores de precios y aplicarles duras sanciones si aprovechan posiciones dominantes.

El proyecto de la chaqueña, denominada “Ley de defensa de competencia”, establece penas de entre 2 y 8 años de prisión para los responsables de “fijación, concentración o manipulación de venta”, como también a los culpables de “aumento artificial e injustificado de los precios de venta o compra de bienes o servicios”.

Carrió y Negri creen que el Gobierno no combate a los formadores de precios y presentaron proyectos que contemplan hasta penas de prisión a quienes sean culpables de un "aumento artificial" de los precios.

Como adelantó LPO, en una reunión con los referentes del interbloque Cambiemos Carrió avisó que se desmarcaría de la línea oficial de Macri, que consiste en negar cualquier responsabilidad de los empresarios por las remarcaciones en las góndolas. “Ellos son los mismos de antes y la inflación bajará conmigo”, prometió el presidente en varias entrevistas. 

Los diputados del PRO sí parecen convencidos de esa tesis: ninguno firmó el proyecto de Carrió ni el de Negri, que propone la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia para recibir denuncias sobre abusos de precios.

La iniciativa, en realidad, fue presentada hace dos años por Martín Lousteau, con la firma de varios radicales y hasta de Carrió, que ahora fue por una más dura. 

Los radicales Negri y Barletta,

DyN

El refrito de Negri no prevé prisión para incumplimientos sino penas económicas de hasta 980 salarios mínimos, un monto que difícilmente intimide a los empresarios más poderosos.

Lo subscribieron los radicales Miguel Bazze, Jorge D’Agostino y Soledad Carrizo y Fernando Sánchez, ladero de Carrió. Nadie del PRO puso la firma. 

“Es muy probable que terminemos confluyendo en un proyecto único. La idea no es otra que controlar a quienes tienen posición dominante en productos de consumo masivo”, confió D’Agostino a LPO.

Ningún diputado del PRO firmó los proyectos de Carrió y Negri para endurecer los controles y las penas que enfrentan los formadores de precios.

“Está claro que en estos meses hubo formadores de precios que instruyeron porcentajes especulativos. Y el consumidor no es responsable”, agregó el entrerriano.

El problema del Gobierno es que con estas iniciativas abrió un debate álgido, en un Congreso donde tiene clara minoría.

Se tratarán en la comisión de defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, presidida por la massista Liliana Schwindt, quien aprovechará para exponer a los diputados de Cambiemos y pedirles que elijan cómo seguir. 

Se trata de una de las comisiones más taquilleras de estas semanas, con  visitas de empresarios de primera talla como los líderes de las telefónicas, que el martes fueron y con la mejor cara de poker negaron problemas de conectividad.

También se comprometieron a asistir los directivos de Metrogas y de Edusur. A los diputados de Cambiemos no les convence hablarle a empresarios con opositores de testigo: ninguno le preguntó nada a los directivos de Claro, Telecom y Telefónica, aun cuando no tienen la mejor relación con el Gobierno. 

El principal interlocutor de esa Comisión con la Casa Rosada es el diputado Pablo Torello, hermano de José, jefe asesores del Gobierno y uno de los mayores confidentes de Macri.

Sus pares ya se acostumbraron escuchar una sola cosa cuando le piden un consejo: “Le tengo que preguntar a mi hermano”.

Massa rodeado de sus diputados.

La consulta sobre cómo afrontar una nueva embestida de Carrió, ahora acompañada de los radicales, no será nada fácil porque el kirchnerismo y el massismo ya planean tirarles sobre la mesa un dato incómodo: muchos de los controles exigidos por Carrió ya son facultades del Secretario de Comercio Interior, o sea, del nuevo Moreno.

Son ni más ni menos que las herramientas de las que hablaba Macri en aquella ya lejana recepción a los industriales en la quinta de Olivos. ¿Y entonces qué pasó?

La oposición apunta al Moreno de Macri, que es bien distinto a quien fuera el personaje más emblemático del kirchnerismo. Se llama Miguel Braun y es sobrino de Federico Braun, dueño de La Anónima, una de principales cadenas de supermercados del país. Esas que Carrió amenaza con llevar a prisión.