El jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que la única preocupación del Gobierno argentino respecto a la crisis institucional en Brasil y la suspensión de Dilma Rousseff (que denunció un golpe de Estado), es el "impacto económico" que podría tener en nuestro país.

Peña reiteró así la postura que la Casa Rosada mantiene desde que comenzó el proceso contra Rousseff: ninguna señal de respaldo a la mandataria y "respeto" por los procesos institucionales brasileños, lo que es una forma sutil de apoyar el impeachment. 

"En lo económico vemos con mucha preocupación la situación porque el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio es importante", afirmó esta mañana el jefe de Gabinete, que ratificó el "respeto al proceso institucional" de Brasil.

 La tibia postura del Gobierno respecto a Rousseff se completó con la premura con la que la Cancillería argentina salió hoy a reiterar a esa posición y transmitir el deseo de trabajar junto a las nuevas autoridades, un reconocimiento implícito a Michel Temer como nuevo presidente. 

"El Gobierno Argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña", sostiene un escueto comunicado, que agrega que "continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional".

Apenas unos 20 minutos tardó Cancillería en salir a expresar esa postura, que no pasó desapercibida en los medios brasileños, que destacan que "Argentina es el primer país en reconocer oficialmente la legitimidad del Gobierno de Temer".

Al respecto, Marcos Peña señaló que hay que "esperar que las nuevas autoridades constituyan su gobierno y a partir de allí seguir trabajando como corresponde entre dos países hermanos".

En declaraciones a la Televisión Pública, el ministro coordinador aseguró que el gobierno argentino estuvo en "contacto permanente con las autoridades brasileñas en estos días, que son tensos tanto en lo político como en lo económico, y siempre se ha mantenido una línea en acuerdo con ellos, que es de respeto al proceso institucional".

"Hay instituciones democráticas que están en funcionamiento", destacó y si bien reconoció que algunos pueden no estar de acuerdo con la votación que aprobó el juicio político a Rousseff, "nuestro rol como gobierno no es opinar sino respetar la soberanía de Brasil".