El Gobierno nacional confirmó que antes del próximo 10 de enero pasará al mando de la Corte Suprema de Justicia el control de las escuchas judiciales y suspenderá la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ambas medidas a través de decretos de necesidad y urgencia.

Así lo anunció hoy el ministro de Justicia, Germán Garavano, que además insistió en que deberían "dar un paso al costado" aquellos "protagonistas" judiciales que "quedaron muy comprometidos" políticamente. Sin mencionar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la incluyó en este pedido e invitó a otros a sumarse.

"Esperamos que muchos de los jueces, fiscales, procuradores que han tenido un protagonismo excesivo y que han sido muy cuestionados, y que quedaron muy comprometidos, den un paso al costado", ratificó.

Precisamente, el ministro ya le había anticipado a Gils Carbó la decisión de suspender la implementación del Código Procesal Penal, que estaba prevista para implementarse para el 1° de marzo de 2016 con un sistema acusatorio a cargo de los fiscales.

"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", señaló.

En tanto, Garavano confirmó las informaciones que habían adelantado el último fin de semana algunos medios en torno al pase de las escuchas judiciales a la órbita de la Corte Suprema.

Las escuchas dependían históricamente de la Dirección Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como "Ojota", pero a mediados de año, con la reforma de la central de espías bajo el nombre de AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el control de esas grabaciones quedó en manos de una repartición de la Procuración: el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (Dicom), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré. Ahora, el Gobierno modificará esa situación para que las escuchas judiciales dependan de la Corte Suprema, porque -como explicó hoy Garavano- existía un "peligro" de derechos que pudiera verse afectado ya que una de las partes de un investigación judicial (la fiscalía) tenía el control sobre estas pruebas.

"Se traspasarán todas las oficinas a la Corte. Debería ser un equipo técnico, muy aséptico, respetuoso de las garantías y que se ocupe de estas cuestiones", señaló Garavano tras precisar que le anticiparon la decisión al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Aclaró, no obstante, que Lorenzetti ya había manifestado su intención de que así fuera.

Garavano criticó que -hasta ahora- "siempre que hubo necesidades políticas se hicieron reformas" en el ámbito judicial, y aseguró que ahora están trabajando para "poder generar una justicia para el 2020 transparente, confiable y cercana" a la gente, con "cambios progresivos a lo largo del tiempo".

Cuando le preguntaron qué pasará con jueces cuestionados, el ministro señaló que "eso le corresponderá al Consejo de la Magistratura" y abogó por un "cambio virtuoso para que los sistemas se vayan depurando".

Por último, Garavano confirmó que se está trabajando en ideas como el juicio en ausencia y "otras alternativas" para el caso de la AMIA y reconoció que "es muy difícil" cuando pasaron tantos años de impunidad y falta de respuestas.