Waldo José Farías y Santiago Carnero eran hasta el miércoles dos directores del Banco Central del riñón más puro del kirchnerismo y tal vez no dejaron de serlo, aunque Cristina Kirchner los obligó a renunciar.

Su pecado fue no avalar el revocamiento de la autorización para que Gabriel Martino y Miguel Ángel Estevez sean los titulares del HSBC Argentina, sucursal cuestionada por ser presunta facilitadora de operaciones de lavado de dinero.

Farías y Carnero no intentaron defender a los directivos sino cubrirse de futuras represalias legales que en el sector financiera consideran inevitables, porque Martino y Estevez ni siquiera tuvieron posibilidad de un descargo y el Banco Central justificó su salida en las causas penales abiertas por la Afip.

Lo que por lo bajo vociferan sectores de la oposición y pronto recordarán banqueros y empresarios es que mientras Cristina aceleró la salida de los directivos del HSBC se da el lujo de mantener refugiado en el país a Hernán Arbizu, el ex directivo del JP Morgan condenado en Estados Unidos por presunto robo de casi 3 millones de dólares.

El Gobierno nunca concedió la extradición de Arbizu y lo mantiene bajo figura de arrepentido en la justicia argentina, donde suele declarar en causas sobre lavado de dinero instruidas por jueces afines a la Casa Rosada. Uno de sus blancos preferidos es el Grupo Clarín.

Durante la bicameral que investiga mecanismos de lavado y fuga de capitales, Arbizu concurrió para detallar una vez más cómo los bancos de inversión abren cuentas afuera con dinero del país.

“Yo no tengo trabajo. Me mantiene mi familia”, se excusaba cuando le preguntaba como eran sus días.

El Gobierno tenía en la mira hace tiempo a Martino, a quien considera partícipe activo de las corridas cambiarias que azotaron a Cristina durante su segundo mandato.

“Su problema fue que no tiene oficio político. Es un tipo pedante. Yo me cansé de escuchar a funcionarios que lo quieren ver preso. Era capaz de llamar a oficinas públicas para pedir que la UIF no lo molestara”, describió a LPO un ex funcionario.

La aparición de una cartera de clientes con cuentas offshore en la sede del HSBC de Ginebra le sirvió como anillo al dedo a Cristina para ir contra Martino.

Echegaray aprovechó su acuerdo de reciprocidad con Francia para acceder a los argentinos incluidos en ese listado. Pero la justicia es lenta y los Bancos se hacen sentir.

La investigación recayó en el Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3 a cargo de María Verónica Straccia, luego de que varios magistrados la rechazaran. No trajo mayores novedades. El tema sólo se mantiene vivo en una bicameral creada para estudiar el caso y sumar presión política.

La defensa de Martino siempre fue la misma: HSBC Argentina nunca colaboró con los argentinos que abrieron cuentas en su par de Suiza. Cómo comprobar que no fue así no es tarea sencilla.

El HSBC también logró entorpecer las denuncias de la AFIP y la UIF con sucesivas apelaciones y cuando parecía que sus directivos quedaban en pie hasta la llegada de un nuevo presidente, Cristina ordenó al Banco Central que los echara. Y como sea.