Tras ser apartado de la causa Hotesur, el juez Claudio Bonadio lanzó una contraofensiva y mandó a allanar el Ministerio de Planificación en busca de información sobre la causa que investiga una denuncia sobre presuntas “dádivas” o "sobornos" en la importación de gas.

Así lo confirmaron a DyN fuentes del Ministerio de Planificación, quienes indicaron que “la Policía Metropolitana realizó un allanamiento de requerimiento de información, encabezado por un oficial de Justicia”.

“Por lo visto hay un plan de allanamientos para todos y todas”, ironizó el ministro de Planificación, Julio de Vido, en lo que fue la única respuesta a la requisitoria periodística, difundida a través del área de prensa.

El operativo incluyó pedidos de información respecto a la Secretaría de Energía, Enarsa e YPF.  La única información emitida desde el Ministerio de Planificación fue la frase de De Vido y no se especificó si se dará a conocer algún comunicado sobre el procedimiento.

La orden de allanamiento dispuesta por Bonadio se produce menos de un día después de que fuera apartado por la Sala Uno de la Cámara Federal de la causa en que investigaba la sociedad de la familia presidencial "Hotesur", en cuya sede de Rio Gallegos también hizo el lunes allanamientos con la Policía Metropolitana.     

Bonadio investiga si hubo irregularidades en la importación de gas transportado en barcos, a partir de una denuncia de los diputados nacionales del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, que solicitaron investigar si hubo "dádivas o sobornos".

El caso surgió el año pasado a partir de declaraciones de Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas de Menem, que asesoró a De Vido en la operatoria para traer gas licuado a través de Enarsa. 

El ex funcionario menemista contó en ese momento que se abrió del negocio desde que Axel Kicillof tomó el control de la compra de energía y afirmó que los contratos “no se ajustan a la ley argentina”, no tienen ningún tipo de control estatal y están escritos en inglés. 

Dromi explicó que al pasarse de Enarsa a YPF la contratación de los barcos de gas licuado, estos dejaron de ser controlados por los órganos de contralor del Estado y peor aún, adquirieron condición de "secretos" como el acuerdo que la petrolera estatal firmó con Chevrón.

Miguel Galuccio salió enseguida al cruce de esa acusación y culpó a De Vido, que a través de Enarsa controlaba las contrataciones antes de la irrupción de YPF. El CEO de la petrolera aseguró que la firma cambió "el paradigma de compra de GNL en el país",  que hasta 2012 "había quedado reducido a dos empresas, Gas Natural Fenosa y el trader Morgan Stanley".

"Ambas accedieron al mercado local mediante el asesoramiento de la consultora Dysan que, como el propio Dromi reconoce, es de su propiedad y cobraba una comisión por esa intermediación", denunció Galuccio. ”El nuevo proceso licitatorio puso fin a esa práctica de intermediación y al pago de comisiones, quizás por esa razón se generan las críticas”, lanzó.