El Gobierno no deja de dar pasos en falso en su estrategia para obligar al juez Carlos Fayt a renunciar.

A una semana de intentar un ataque a todos los miembros de la Corte Suprema, el kirchnerismo dio otro giro y creó una subcomisión que estudiará si Fayt tiene facultades para continuar en el máximo Tribunal. Las reuniones serían secretas, para no dar más pasos en falso. 

No será otra cosa que la nota presentada por el oficialismo en la reunión de hace unas semanas, que derivó en citaciones a Horacio Verbitsky , a los secretarios y empleados de Fayt y otros periodistas que supuestamente habían testificado que el longevo magistrado no estuvo en reunión que reeligió a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte.

Como adelantó LPO desde el primer momento, la idea del Gobierno fue amedrentar a Fay y obligarlo a renunciar, para abrir otra vacante que pueda negociar con la oposición.

Es que para abrir un pedido de juicio político en el recinto de Diputados se requieren de los dos tercios, un número que el Gobierno jamás conseguiría.

Pero nada le salió bien. Fayt se apareció en el Tribunal y Verbitsky, que había sido el primero en denunciar la supuesta falsificación de su firma en la acordada que reeligió a Lorenzetti, anticipó que no le parecía correcta la citación.

La camporista Anabel Fernández Sagasti tuvo que congelar las citaciones y recién ayer convocó a una reunión para esta tarde. Pudo hacerlo, porque en realidad la primera reunión nunca finalizó, sino que pasó a un cuarto intermedio.

Y esta tarde todo volvió a enredarse. El kirchnerismo apareció con la idea de crear una subcomisión de cinco miembros, tres oficialistas y dos opositores, que discuta si hay condiciones para iniciar un pedido de juicio político a Fayt en reuniones privadas.

“Mi opinión es que no deberían ser públicas. No queremos montar un escenario con esto, sino resguardar la intimidad de las personas” sugirió Fernández Sagasti. 

La oposición se negó a participar. Laura Alonso anunció que presentará una nota formal ante la comisión  y el radical Gustavo Valdés habló de un “proceso absolutamente irregular”.

Pero la nota la dio Elisa Carrió, quien otra vez buscó presentar un dictamen y Fernández Sagasti se lo impidió. 

"Ustedes no tienen fuerza, tienen miedo y saben que están atentando contra el orden constitucional. Esto es una persecusión inhumana contra un juez y eso lo lleva adelante una mujer joven, lo que es peor aun", la increpó. "Yo con delincuentes que cometen atentados contra le orden constitucional no trato", arremetió luego. 

Su reclamo no es menor. Como parte de la estrategia, el kirchnerismo impide la presentación de dictámenes, para no tener que llevar el tema al recinto. En una polémica interpretación, entiende que no se tratan expedientes, sino "notas".

O sea, la supuesta embestida al juez se resolverá en reuniones cerradas entre tres diputados del ala dura kirchnerista: Luis Cigogna, Diana Conti y Marcos Cerli.

Sólo se hablará de Fayt y no de la supuesta falsificación de documento público que habría cometido los miembros de la Corte, según una nota presentada y corregida la semana pasada en la Comisión por los diputados oficialistas.

Como explicó LPO, Julián Álvarez fue el promotor de ese ataque y fue quien debió corregirlo. pero siete días después, quedó en la nada.