El kirchnerismo rechazó “in límine” los proyectos que pedían juicio político a Amado Boudou, Alejandra Girls Carbó y Héctor Timerman, un mecanismo que impide que haya dictámenes y por lo tanto no haya debate en el recinto.

Es la modalidad que se había elegido el año pasado para archivar los planteos contra el vicepresidente, pero luego prefirieron no usar por las dudas reglamentarias.

Ocurre que los pedidos de juicio político son expedientes y por lo tanto deberían contar con dictámenes de mayoría y minoría.

Un riesgo mayúsculo para el Gobierno: en diciembre, un nuevo presidente podría aprovechar una nueva mayoría para pedir su tratamiento en extraordinarias y dejar algún ex funcionario al borde del juicio político.

Fernández Sagasti defendió a la procuradora general al sostener que está habilitada para realizar “la sustitución y designación de reemplazos” dentro del Ministerio Público y Fiscal, mientras que en el caso de Timerman se rechazaron los argumentos por presunto “mal desempeño de sus funciones” en la negociación del memorándum de entendimiento con Irán para el esclarecimiento del atentado a la AMIA.

A la hora del debate del juicio político a Boudou, la massista Laura Esper marcó la diferencias entre Boudou y el ministro de la Corte Carlos Fayd, quien fue cuestionado en el primer tramo de la reunión y sobre quien se habilitó la apertura de un "proceso investigativo" que determine la "capacidad psicofísica" del magistrado.

En este sentido, Esper remarcó que “el vicepresidente tiene una condena social” y “nadie quien lo defienda”, mientras que el ministro de la Corte cuenta con el respaldo de la opinión pública.

“íCómo se va a quedar sin defensa Amado Boudou!” cruzó Conti, a lo que agregó que “el Frente para la Victoria defenderá” al vicepresidente, que a su vez fue “sometido” por el Poder Judicial en “un intento de desestabilizar al Gobierno”.

La legisladora kirchnerista indicó que “el doctor Fayt no importa que tuviese 97 años, por alguna razón no concurre a los debates en la Corte Suprema, no sabemos si sus votos pertenecen a él y si su voluntad no está cooptada por sus asesores”.

“En cambio –continuó- el vicepresidente ha sido sometido a todo proceso judicial” y resaltó que “ningún juez pidió el desafuero” porque “la Justicia ha entendido que no intentó soslayar los procesos, ausentarse o evadirse”.

El pedido de juicio político a Boudou ya había sido tratado por la Comisión el 12 de agosto del año pasado, cuando el oficialismo también rechazó in limine 19 proyectos impulsados contra el vicepresidente.