La presión del Gobierno para que Carlos Fayt abandone la Corte Suprema de Justicia se debe a que no tiene los votos ni el tiempo para destituirlo, por lo que sólo podría correrlo si decide renunciar.

Esta tarde Fayt, de 97 años de edad, aclaró que no tiene previsto dar un paso al costado, luego de la embestida de esta semana, que empezó con una denuncia de Horacio Verbitsky sobre una supuesta falsificación de la acordada que reeligió a Ricardo Lorenzetti como presidente del Tribunal.

Ese documento señala que le longevo juez lo firmó en el salón de Acuerdos de la Corte cuando en realidad lo habría hecho en su casa, por una gestión de sus secretarios.

Evitaron que el Tribunal se quedara sin presidente y por lo tanto inactivo, situación que le hubiera servido al Gobierno para impulsar una ampliación del cuerpo y obligar a la oposición a nombrar alguno de sus candidatos.

La presión a Fayt siguió ayer con la asunción de la camporista Anabel Fernández Sagasti como presidenta de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que tiene la misión de acusar a los magistrados para que el Senado los enjuicie.

Sin embargo, el Gobierno no presentó ningún pedido de juicio político y a través del diputado Carlos Raimundi se limitó a reiterar las notas con pedidos para corroborar si Fayt está en condiciones de seguir en la Corte.

“Son pedidos informales, que no tienen mucha validez”, confiaron a LPO fuentes de la Comisión de Juicio Político. Fernández Sagasti no fue tan liviana y anticipó que impulsará una investigación sobre presunta falsedad ideológica. Nadie sabe en qué marco.

Laura Alonso, diputada del PRO, advirtió que "sin denuncia o proyecto, la comisión no puede impulsar ningún trámite tendiente a la promoción de un juicio político” y menos pedir una pericia psiquiátrica, como sugiere la nota de Raimundi. 

En el Congreso coinciden en que la estrategia de Cristina es desgastar a Fayt y obligarlo a renunciar, porque no tiene chance de conseguir los dos tercios en Diputados para acusar y en el Senado para juzgar.

Pero de conseguirlo, destituir a un juez no puede llevar menos de dos años. Fue el tiempo que duró le proceso para echar a Antonio Boggiano, uno de los miembros de la mayoría automática de los 90 que Néstor Kirchner barrió ni bien asumió.

Kirchner tenía mayoría amplia en ambas Cámaras y el aura de toda la sociedad para acelerar el proceso. Pero los procedimientos constitucionales no le permitieron esperar menos de dos años para tener la Corte que quería.

En ese lapso hubo otros magistrados que no aceptaron la presión y renunciaron, como Julio Nazareno y Adolfo Vázquez. Es lo que ahora intentan lograr con Fayt y no pueden.