En una jugada política para sacar de agenda la dura derrota que sufrió en las elecciones legislativas del último "supermartes", el presidente estadounidense Barack Obama pidió hoy reglas “lo más estrictas posibles” para garantizar la neutralidad de la red, el concepto según el cual todo el contenido que está en Internet es igualmente accesible –tanto en disponibilidad como en velocidad-.

Obama planteó la necesidad de asegurar una agenda de cuatro requisitos que garantizan la neutralidad: que ningún proveedor de servicio de Internet (ISP) pueda bloquearle a un usuario el acceso a una página de contenido legal; que ningún proveedor pueda ralentizar la velocidad de acceso; el aumento de la transparencia sobre la conexión entre usuarios e ISP y la prohibición de “carriles rápidos” para proveedores de contenido y usuarios privilegiados que paguen más.

Este último punto es el que más controversia despierta a nivel global por el interés de las proveedoras de servicios en recibir una compensación por el altísimo nivel de datos que transmiten de grandes compañías de streaming de video como Netflix o Amazon, que además tienen la fortaleza económica para pagar un extra, lo que terminaría consolidando una internet de "dos velocidades". Una rápida para los que contraten esos servicios y una lenta para el resto. A esto es a lo que se opone Obama.

En EE.UU., el proveedor de internet Verizon le ganó una disputa legal a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que, de acuerdo a las promesas de campaña de Obama, le había prohibido a la empresa ofrecer dos velocidades de descarga de contenido.

Esto disparó la intervención del Gobierno que propició que el FCC lanzara una consulta al público en general sobre que pensaba de este tema y recibió una aluvión de cuatro millones de respuestas, usadas como palanca por Obama en su estudiada intervención de hoy -que incluyó un corto de la Casa Blanca en la que se lo ve en mangas de camisa y todavía con rastros de la derrota en el rostro cansado-.

Como explicó LPO, el creciente consumo de ancho de banda de las compañías de streaming (Netflix ya representa el 35% del total de datos transferidos en Estados Unidos) plantea el debate sobre si éstas deben contribuir en las inversiones para el robustecimiento de la red o pagar un extra para que los proveedores de Internet (ISP) les reserven el “carril rápido” que les garantice un servicio sin interrupciones. Pero una medida de este tipo iría en contra del fundamento básico de la neutralidad de la red.

Cinco proyectos. En la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se habían presentado cinco anteproyectos de ley para regular la neutralidad de la ley, pero su tratamiento quedó paralizado con la presentación de la nueva ley de telecomunicaciones.

En nuestro país, Netflix ya alcanzó un promedio del 15% del consumo de datos de banda ancha de proveedores de internet, pero la discusión todavía está muy verde. Envuelto en su lucha interminable con el grupo Clarín, el gobierno impulsó una ley de telecomunicaciones que, si bien menciona de manera general la neutralidad de la red como un objetivo, no establece ninguna reglamentación que la garantice y ni siquiera toca el punto principal del debate: quién debe hacerse de los costos de inversión.

Pero ante el retraso de un Estado que corre por detrás a las problemáticas de las tecnologías emergentes, las compañías del sector ya comenzaron a plantear la discusión puertas adentro. Fuentes del sector confirmaron a LPO que se está trabajando en la idea de convocar a una mesa de diálogo con los generadores de contenido como Netflix para discutir la posibilidad de establecer canales rápidos o que la empresa de streaming contribuya en la inversión de infraestructura, que ante la escalada geométrica de dispositivos que consumen videos y otros contendidos pesados, nunca alcanza a ponerse a la altura de la demanda

Pero cualquiera de estas dos medidas significaría ir en contra de la neutralidad de la red que apoyan Obama y las grandes de Internet como Google, Facebook y Twitter, aunque se trata de una salida razonable desde el punto de vista económico: según números del sector, las compañías proveedoras de internet como Fibertel y Speedy deben invertir unos 300 millones de dólares por año para resistir el crecimiento anual del 35% en la demanda de datos.

Lo cierto es que si bien la ley Argentina Digital da los primeros pasos para llevar el país hacia la convergencia digital (el cuádruple play que las empresas ya ofrecen en la mayor parte del mundo), el artículo de la norma que obliga a todas las compañías de telecomunicaciones a compartir sus redes plantea un dilema a futuro para la inversión: ¿Por qué habrían de invertir las proveedoras del servicio en sus redes si después el Estado las obliga a compartir su infraestructura con la competencia?