Mientras espera que las empresas telefónicas desembolsen varios cientos de millones de dólares para poner en marcha el demorado servicio de 4G, el Gobierno nacional mantiene congelado un millonario fondo mejorar la telefonía, el sector de servicios más cuestionado por los usuarios.

Se trata del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), un programa que nació durante el Gobierno de la Alianza, en el año 2000, pero que nunca logró cumplir sus objetivos. El kirchnerismo lo fue modificando, pero recién en 2010 se conformó el fideicomiso (se denominan fondos fiduciarios cuando son públicos) que rige actualmente. 

El objetivo inicial de ese fondo era -según el decreto base del año 2000- que “los habitantes de la República Argentina, en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos que tengan limitaciones físicas o necesidades sociales especiales”. Además, la norma habla de servicios “que habrán de prestarse con una calidad determinada y precios accesibles, con independencia de su localización geográfica” y de las desigualdades regionales.

De acuerdo a lo que estableció la reglamentación realizada en 2010 por la Comisión Nacional de Comunicaciones, “todo prestador de servicios de telecomunicaciones está obligado a efectuar el aporte de inversión equivalente al uno por ciento (1%) de la totalidad de sus ingresos devengados por la prestación de los servicios”.

El crecimiento exponencial que tuvo el sector de la telefonía y las multimillonarias ganancias que obtuvieron las principales empresas en estos años, dan un indicio de la abultada cifra que se juntó en el fideicomiso creado en el Banco Itaú, contrato que se firmó el 30 de noviembre de 2010.

Sin embargo, al día de hoy es un misterio cuánto dinero hay en el fondo fiduciario. No hay información oficial al respecto, tampoco en las empresas están al tanto. LPO supo que la cifra que está en las arcas del Itaú sería de unos 3 mil millones de pesos, aunque expertos del sector estiman que incluso podría ser mayor.

Tampoco hay información acerca de los proyectos a los que se destina el dinero del FFSU, si es que se destina a algún proyecto. Analistas recordaron a LPO que en algún momento se dijo que se utilizaría para el tendido de fibra óptica de Arsat, aunque luego se desestimó. Otra alternativa que se abandonó fue la utilización para la reducción de los costos telefónicos, destinando una parte a la amortización anual del uso de la red de telefonía.

De acuerdo a la información que hay en la web institucional de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el último dato que hay sobre el FFSU es un llamado licitación para “la realización de auditorías técnicas funcionales de los servicios de Acceso a Internet instalados por los Licenciatarios de Telecomunicaciones adjudicatarios del Programa de Servicio Universal ‘Internet para Establecimientos Educativos’, en distintas localidades del país”. Se trata de un programa destinado bonificar los servicios de banda ancha en escuelas estatales.

El FFSU fue objeto de innumerables críticas desde su puesta en marcha. Ya en 2005, la Comisión Nacional de Comunicaciones intimó a las empresas a que devuelvan a los clientes unos 350 millones de pesos, indebidamente cobrados. En ese momento, el decreto no había sido reglamentado y las firmas aprovecharon para descontarles a los clientes lo que debían poner de sus ganancias. Fue una conclusión de un duro informe que hizo ese año la Auditoría General de la Nación.

Pero el FFSU también fue objeto de críticas de la oposición. En 2012, la senadora del Frente Amplio Progresista Norma Morandini presentó un pedido de informes al Ejecutivo exigiendo entre otras cosas la publicación del contrato del fideicomiso, el monto de dinero recaudado y el destino de esos fondos. El bloque kirchnerista nunca avaló el pedido y perdió estado parlamentario. Tampoco le respondieron un pedido de acceso a la información pública.

También en 2013 los senadores radicales Gerardo Morales y José Cano (ahora diputado) presentaron otro pedido de informes en el que vuelven a exigir el contrato, además de un detalle de pasivos y activos del FFSU, los programas ejecutados hasta ese momento, entre otros requerimientos.