El Gobierno puede conseguir los dos tercios del Senado para nombrar a un juez de la Corte Suprema sin el apoyo de la UCR, si consigue aliados como el PRO, el peronismo federal y los neuquinos.

Con la muerte de Enrique Petracchi la Corte quedó con 5 miembros, el número establecido por la ley de 2006. Pero Eugenio Zaffaroni confirmó que en marzo prevé retirarse por cumplir 75 años, el límite integrar el máximo tribunal.

El kirchnerismo anunció hoy que buscará cubrir esa vacante y hasta pidió por otra más: Carlos Kunkel cuestionó la permanencia de Carlos Fayt, quien tiene 96 años de edad y se mantiene vía amparos.

Sólo el senador radical Ernesto Sanz exigió demorar hasta un nuevo Gobierno el nombramiento de un juez de la Corte, pero no aclaró que la resistencia de su bloque no alcanza para frenar un intento de Cristina Kirchner.

Los magistrados del máximo Tribunal requieren del voto de los dos tercios del Senado, o sea, 48 de los 72 votos posibles.

El Frente para la Victoria tiene un sólido bloque de 32 senadores, pero cuenta con siete aliados casi permanentes.

Son los santiagueños Ada Itúrrez de Cappellini y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago) y Gerardo Montenegro (Frente Popular); la santafesina Roxana Latorre, María de los Ángeles Higonet (PJ La Pampa), y los correntinos José María Roldán (Frente de Todos) y Josefina Meabe (Partido Liberal).

Le restarían nueve votos para llegar a los 48 y puede buscarlos sin llamar a los 13 radicales, dos de ellos aliados (los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau).

Alcanzaría con los cuatro del peronismo federal (Roberto Basualdo, Liliana Negre de Alonso, Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero), los tres del PRO (Gabriela Michetti, Diego Santilli y Alfredo De Angeli) y los dos neuquinos (el sindicalista Guillermo Pereyra y Lucila Crexell, quienes no siempre votan juntos y aprobaron algunas leyes del Gobierno).

Aunque proyectar una alianza tan amplia resulte aventurado, lo cierto es que ninguno de estos senadores adelantó que no se sentará a discutir el pliego de un juez de la Corte con este Gobierno. De hacerlo, enterrarían cualquier apuesta del Gobierno para cubrir las vacantes. 

Ante un tema tan relevante las negociaciones pueden abarcar todo tipo de asistencia, mucho más cuando el PRO, los puntanos y los neuquinos integran partidos que gobiernan sus provincias (Capital Federal, San Luis y Neuquén).

Basualdo y Romero trabajan con Massa, al igual que la chubutense Graciela Di Perna, ladera de Mario Das Neves.

Pero llegada esa instancia Cristina tendría cuatro senadores para buscar los dos votos que le restarían: Carlos Verna (PJ de La Pampa), Carlos Reutemann (Santa Fe), Carlos Menem y el fueguino Jorge Garramuño, quien no acató la decisión de su partido de aliarse a Sergio Massa.

Menem no asiste nunca a las sesiones y su ausencia no impediría que hagan falta 48 votos para nombrar un juez. Pero con su banca vacía, cada faltazo opositor le permitirá al kirchenrismo buscar a los dos tercios con un número menor.

Fue lo que buscó Pichetto hace dos años cuando intentó aprobar el pliego de Daniel Reposo como procurador general. La salteña Sonia Escudero, entonces senadora del peronismo federal, contó aquella vez que veía como muchos de sus pares negociaban sus ausencias.

Pero Carlos Zannini dejó trunca esa estrategia y convenció a Cristina que lo mejor era buscar imponer a su protegida Alejandra Gils Carbó.

La situación interna del bloque tal vez no sea un tema a atender. Pichetto trabaja en la candidatura de Daniel Scioli junto a la mayor parte de su bloque y este año intentó varias veces diferenciarse de la Casa Rosada.

El último gesto lo dio el miércoles pasado, cuando demoró la entrada del pliego de Alejandro Vanoli como presidente del Banco Central. Y el más recordado fue en julio, cuando vació una sesión para que no pueda presidirla Amado Boudou, que había sido procesado la semana anterior.

Sin embargo, los senadores jamás se interesaron por estorbar las decenas de magistrados cercanos al kirchnerismo y mañana le darán vía libre a fiscales que sumarían poder con el nuevo Código Procesal Penal.

La necesidad de tener garantías en tribunales, tal vez no sea un motivo de pelea entre Cristina y el PJ.