El borrador del proyecto del Código Procesal Penal establece que la instrucción penal deberá durar un año como máximo y, de no resolverse en ese plazo, podrá dictarse el archivo de las actuaciones y los acusados no podrán volver a ser investigados por ese delito.

Con esta herramienta los fiscales que controla la procuradora Alejandra Gils Carbó, siempre leal a las instrucciones de Carlos Zannini, podrían archivar las causas por corrupción que arrastre el gobierno de Cristina Kirchner, luego de dejar el poder.

La polémica se abre con los artículos 105 y 106 del borrador del Código, al que accedió a LPO. El 105 señala que la investigación preparatoria deberá concluir “dentro del término de tres meses a partir de la intimación del hecho al imputad. Si ese término resultare insuficiente, el fiscal deberá solicitar prórroga al fiscal de Cámara, quien podrá acordarla hasta por dos meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación”.

Agrega que sólo para los casos de “suma gravedad y de muy difícil investigación”, el fiscal podrá solicitar una prórroga al juez, “que no podrá exceder de un año a partir de la intimación de los hechos”.

El artículo 106 es el abre el camino a las prescripción. Establece que dentro del quinto día de vencidos los plazos, “el fiscal deberá solicitar la remisión a juicio, disponer la clausura provisional o el archivo de las actuaciones”.

Y si ese tiempo pasa “sin que el fiscal se hubiera expedido, se archivará la causa respecto del imputado por el cual hubiera vencido y no podrá ser nuevamente perseguido penalmente por el mismo hecho”.

El borrador recién comenzó a circular por la Cámara de Diputados pero estos artículos ya lograron inquietar a la oposición, que no había recibido mal el debate por el nuevo Código Procesal con elementos que ya rigen en muchas provincias y que busca instaurar en rasgos generales un sistema más moderno, sacando al juez el rol de instructor y poniéndolo como garante de un proceso que tiene en el fiscal el impulso de la investigación.

Pero bueno, no sería la primera vez que el kirchnerismo apele a banderas de modernización para ocultar fines menos confesables.

Debate y sospechas de la oposición

“No vamos a tolerar ninguna clausura que de garantía de impunidad a las futuras investigaciones. El nuevo Código tiene que servir para agilizar los procesos penales pero también para lograr condenas responsables”, sostuvo Luis Petri, de la UCR, y miembro de la Comisión de Legislación Penal que tratará el proyecto una vez que ingrese formalmente.

“Actualmente sólo el 2,5% o 3% de los delitos se resuelven y el 97% prescriben. El objetivo debe ser evitar eso”, amplió el mendocino.

Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, cree que esos artículos serán borrados del proyecto final.

“No creo que avancen con esto, porque sino tiran todo el Código a la basura”, pronosticó. Y destacó que las virtudes de un nuevo marco procesal son “la celeridad del expediente a partir de la oralidad, figuras in franganti; mayor taxatividad en las excarcelaciones y el juicio por jurados”.

Otro debate será cómo seguirán las causas que hasta ahora instruyeron los jueces, como los casos de corrupción contra el Gobierno.

Sobre todo porque al estar vigente el principio de la ley penal más benigna, si el nuevo Código establece como plazo máximo para la investigación un año, causas actuales que investigan delitos complejos y llevan varios años de instrucción, podrían derivar en una presentación de los acusados pidiendo su archivo.

Esto generaría una gran impunidad para los acusados que lograren el archivod  elas actuaciones en su contra, porque ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Los fiscales, el arma de Cristina

Este tema de los plazos acortados se engarza además con otra sospecha de la oposición: La intención del kirchnerismo de nombrar una gran cantidad de fiscales antes de dejar el poder. Con un agravante: basta la voluntad de la procuradora General, la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó para hacerlo. No es necesario pasara por el Consejo de la Magistratura, donde está representada la oposición y los estamentos del Poder Judicial.

Por eso, antes de conocer el borrador pero enterados del sentido de la reforma, lo que más encendió la alarma de la oposición es quienes serán los fiscales que llevarán a cabo la investigación preparatoria, sobre todo si entre sus armas está la de archivar las causas.

“El sistema acusatorio es bueno y supera al anterior. Pero requerirá del doble de los fiscales y todos los nombrará Gils Carbó”, alertó el diputado radical Oscar Aguad en diálogo con LPO. El diputado aplicó un código procesal similar en Córdoba cuando era ministro de Justicia.

“Tendríamos que lograr que el Ministerio Público se ponga en las mismas condiciones que el resto del poder judicial y los fiscales pasen por el proceso de selecciones del jueces, con evaluaciones en el Consejo de la Magistratura y acuerdo del Senado”, propuso Aguad.

El cordobés cree que la avalancha de fiscales K es más preocupante que la prescripción de las causas. “Los plazos son orientativos y el que decide finalmente es el juez. No me parece un gran problema. Pero la instrucción que hagan los fiscales sí”.

“Tampoco se puede decir si es más benigno que te acuse un juez o un fiscal, porque se supone que el nuevo Código agiliza las causas”, finalizó.