El multimillonario George Soros habría acordado con Cristina Kirchner la compra del juicio de los fondos buitre contra Argentina a cambio de que el Gobierno le ceda áreas de Vaca Muerta.
Según reveló Clarín, la versión que circula en el ámbito empresario indica que se trataría de una operación similar a la que habían planteado los bancos nacionales, pero que en este caso tendría una compensación en forma de yacimientos en la formación Vaca Muerta.
Los detalles del acuerdo se habrían discutido el lunes en la reunión que mantuvieron en Nueva York, el magnate Soros y la Presidenta. El encuentro se desarrolló con total hermetismo y sólo se conocieron algunos detalles.
El acuerdo, según trascendió ayer, implicaría que el magnate húngaro compraría el juicio de US$ 1.300 millones ganado por los fondos buitre, pediría un “stay” al juez Thomas Griesa y, así, se destrabaría el default de la deuda argentina.
En el caso de la propuesta que habían hecho los bancos argentinos, esperaban una compensación posterior del Gobierno. En la propuesta de Soros, esa compensación vendría por el lado de yacimientos petroleros en Vaca Muerta. Soros es hoy uno de los principales accionistas de YPF.
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Pero todo eso no será nada comparado a lo que persigue la nueva Ley de Hidrocarburos que acaba de girar CFK al Congreso. La misma es la generalización de las leoninas condiciones estipulados en los acuerdos con la Chevron, que hasta incluye "cláusulas secretas", que son ilegales en un convenio público y que por la ley actualmente vigente solo al Congreso corresponde celebrar por tratarse de petróleo y gas, recursos estratégicos. Dentro de lo conocido se fija: 1) cero impuestos; 2) dolarización y precio internacional del petróleo extraído de nuestro subsuelo (de allí el aumento de los combustibles); 3) libre disponibilidad del mismo (pueden exportar sin límites, aun en el caso de desabastecimiento local); 4) prohibición de cualquier regulación por parte del Estado (o sea que el Estado renuncia al manejo de su propia política energética, lo que quedará al arbitrio de los intereses de las multinacionales); 5) el Estado se hace cargo del pasivo ambiental (o sea que el Estado -todos nosotros- se hace cargo de pagar todas las indemnizaciones que puedan haber por demandas por el daño ambiental provocados por estas empresas); 6) libre giro de las divisas al exterior; 7) Se da jurisdicción a la Justicia de EEUU (y quizás de Francia) , con lo cual los ?Griesa? podrán disponer sobre nuestro petróleo y hasta disponer su embargo (lo cual demuestra la mentira de los K cuando se quejan, buscando tapar que fueron ellos mismos los que dieron cabida a una Corte extranjera cuando la cacareada ?renegociación de la deuda? de Néstor Kirchner). Jurisdicción de juzgados extranjeros y, más que probable, cuerpos de seguridad reclutados con los famosos ?contratistas? (antes llamados ?mercenarios?), ¿hace falta algo más para considerar que las áreas de concesión serán zonas de ?extraterritorialidad? donde se cede la soberanía? . Además debemos acotar, y esto ya sucede, no se establece ningún medio efectivo para determinar los verdaderos volúmenes de hidrocarburos extraídos, lo que facilita todo tipo de maniobras. Y esto en las cláusulas conocidas. ¿Qué establecerán las "secretas"?.
La energía y su regulación es estratégica y la base del desarrollo de todo país. Sin energía no hay industria, y sin ella no hay progreso. En otras palabras, esta ley condena a la Argentina a mantener una estructura productiva y una economía primaria limitada a lo extractivo (agro, minería, pesca) sin ningún futuro, una economía que asegura estancamiento y una Argentina para pocos y miseria para la mayoría. Por eso ningún país en el Mundo renuncia al manejo de su energía, más cuando tiene la fortuna de tenerla, como nosotros, ni dicta una ley como la que acaban de enviar al Congreso que significa lisa y llanamente la entrega de nuestros recursos energéticos y la condena al atraso, y hasta la misma continuidad y supervivencia, de la nación conocida como Argentina, nuestra Argentina. No debemos ni podemos permitirlo, aunque CFK se reúna con Soros, que es el principal impulsor de esta ley y su principal beneficiario, o que Galuccio, ¿ex? empleado de los intereses petroleros del Reino Unido, proclame sus "beneficios".