El intendente de la ciudad de Córdoba, el radical Ramón Mestre, descartó su renuncia tras ser imputado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados al transporte público de pasajeros.

Ayer, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, lo imputó a junto al secretario de Transporte, César Ferreyra, así como a su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y al titular de ERSA, Juan Carlos Romero, por la supuesta comisión de defraudación a la administración pública.

El origen de la causa es la presentación que, en marzo pasado, había hecho el concejal del Frente Cívico y Social (FCyS) Daniel Juez, hermano del senador, que denunció una supuesta estafa "en el cobro de subsidios nacionales para unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros" de la capital cordobesa.

"Estamos tranquilos porque lo hemos hecho en un marco de total transparencia", dijo hoy Mestre, quien se encargó de descartar su renuncia pese a que tiempo atrás había dicho que los funcionarios imputados debían dar un paso al costado. "El imputado soy yo y yo soy el intendente, que es el que decide", argumentó.

Según la denuncia, dos empresas privadas habrían "percibido el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a vehículos de la firma Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) residual".

De acuerdo con la denuncia de Juez y en función de "documentación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Unión Transitoria de Empresas que conforman Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobraba en forma indebida dichos subsidios", lo que habría generado "un perjuicio al Estado municipal cercano a los 240.000 pesos por mes".

"De acuerdo con las reglamentaciones de la CNRT, el intendente Mestre es el responsable y, como máxima autoridad, debía asegurar en una declaración jurada, con su firma, la información que se enviaba para el cobro de subsidios", destacaba la denuncia.