El gobierno tiene decidido esperar a que Sergio Szploski se quede con la frecuencia 4G para, recién entonces, declarar a la telefonía celular como servicio público.

El empresario kirchnerista quiere quedarse con Nextel por unos U$S260 millones con vistas a meterse en el negocio del 3G que todavía falta licitar, y ocupar toda la banda correspondiente al 4G, cuya licitación fue lanzada por la Secretaría de Comunicación en mayo.

Es que NII Holdings, la empresa dueña de Nextel, se encuentra en un proceso de reestructuración y renegociación de deuda, por lo que puso en venta la filial. El objetivo del dueño del grupo 23 sería apostar fuerte a la subasta de frecuencias 4G anunciada hace tres meses.

Actualmente, Nextel sólo brinda servicio 2G pero no 3G. Sin embargo, los analistas señalan que se trata de la única empresa con una capacidad suficiente para entrar al negocio de las telecomunicaciones. Nextel tiene una red que cubre más del 50% de la población y a cualquier otra empresa le costaría miles de millones de dólares poder meterse en el mercado.

De acuerdo a la resolución oficial, los operadores que quieran ingresar al 4G “deberán asegurar la cobertura de las capitales provinciales, los corredores nacionales y las ciudades de más 500 habitantes en un plazo máximo de 5 años, con etapas intermedias, garantizando así el acceso a este servicio al 98% de la población”.

“En la licitación se reserva una porción del espectro para un futuro prestador y se establece un límite temporal de 15 años a los operadores para hacer uso del mismo, desde el momento de la adjudicación”, indicaba la cartera a cargo de Norberto Berner.

LPO había revelado que, mientras la presidenta impulsaba la declaración del transporte aéreo como servicio público, evitaba hacer lo mismo con la telefonía celular. En cambio, impulsó un programa de “Precios Cuidados” para planes de esas compañías como para disimular que sigue haciendo la vista gorda con el tema: son las que más quejas reciben por parte de los consumidores.

En el entorno de Cristina saben que declarar a los celulares como servicio público le reportaría considerables pérdidas al sector y al ser un rubro con el que tiene excelentes vínculos, complicarles el negocio no sería lo más apropiado.

De ahí que la idea que circula entre los funcionarios encargados del tema es esperar a que se concrete la licitación del 4G-y lo que resta del 3G-, y, una vez que las bandas estén en manos de Szpolski, recién entonces impulsar el proyecto de ley que lo permita regular.