La diputada Mónica López, presentó en el Fuero Penal de La Plata una denuncia contra el Daniel Scioli y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, por los delitos de Incumplimiento de deberes de funcionario público en el ocultamiento de la cifra de fallecidos en la inundación de La Plata, en lo tipificado en el artículo 249 y por abandono de persona según lo establecido en el artículo 106, ambos del Código Penal.

La vicepresidenta del Bloque de diputados del Frente Renovador que orienta a nivel nacional Sergio Massa ofreció, además, ampliar la prueba documental para acompañar la sustanciación de la causa que aun no tiene definido el fiscal que la sustanciará aunque se descuenta que será en la Fiscalía Nº 8 de Delitos Complejos.

Según la diputada massista "está dado el estado de sospecha necesario sobre Daniel Scioli y Ricardo Casal para llevar a cabo dicha diligencia y se encuentra plenamente acreditado por la reciente confirmación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechazó la apelación oficial y resolvió hacer lugar al fallo originario del Juez Luis Arias respecto de la cifra de fallecidos en la inundación que sufriera la ciudad de La Plata y en qué circunstancias y cómo los funcionarios manipularon, ocultaron y además abandonaron a su suerte a los familiares de los fallecidos de quienes negaron su existencia.

Al respecto, Mónica López pidió que se tenga especial cuidado en no vincular el pedido de Juicio Político al gobernador a esta denuncia penal ya que "corren por cuerda separada y en la Legislatura investigaremos la responsabilidad política de esa manipulación y ocultamiento que realizaron para minimizar el impacto negativo en la imagen pública del gobernador".

"En tanto que como funcionaria pública -siguió Mónica López- estoy obligada por Ley a denunciar la posible comisión de un delito que en este caso, con la ratificación de la Cámara, hay elementos que sostienen la sospecha con altas probabilidades de que Daniel Scioli sea citado a indagatoria".

Finalmente aseguró que "lejos está de mí judicializar la política, sabemos que no es la cantidad, que este terrible drama humanitario no es una cuestión estadística, sino el derecho a la verdad histórica y la necesidad de castigo político y penal a la manipulación de la información por parte del Estado para ocultarlas".